Las ciudades de Chelsea y Somerville, en Massachusetts, presentaron una demanda federal contra el Gobierno del presidente de EE.UU., Donal Trump, que busca frenar las presiones de dicha Administración para que colaboren en operativos de deportación masiva.
Representadas por Lawyers for Civil Rights, las ciudades argumentan que las amenazas del Gobierno republicano, que incluyen la suspensión de fondos federales y posibles sanciones legales, violan sus derechos constitucionales.
Somerville y Chelsea han mantenido su estatus de ciudades santuario desde 1987 y 2007, respectivamente. Argumentan que permitir la colaboración de la policía local con agentes federales de migración disuadiría a las víctimas y testigos de reportar delitos, afectando la seguridad pública.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump emitió órdenes ejecutivas para retirar fondos federales a las ciudades que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias. Además, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Transporte (DOT) han advertido posibles sanciones y congelaciones de financiamiento a las jurisdicciones que mantengan políticas santuario.
Oren Sellstrom, abogado de Lawyers for Civil Rights, aseguró en un comunicado que “el presidente no puede utilizar fondos federales como un arma para forzar a los gobiernos locales a socavar su propia seguridad y valores”.
El administrador municipal de Chelsea, Fidel Maltez, afirmó que no pueden permitir que los residentes teman denunciar delitos por miedo a la deportación.
Por su parte, la alcaldesa de Somerville, Katjana Ballantyne, señaló que “intimidar a las ciudades santuario no solo es un ataque contra los inmigrantes, sino contra todos los ciudadanos y los derechos constitucionales”.
Somerville y Chelsea reciben importantes recursos federales para educación, servicios comunitarios y seguridad pública. En el año fiscal 2024, que terminó en septiembre pasado, Chelsea obtuvo aproximadamente 14.5 millones de dólares en fondos federales, mientras que Somerville recibió cerca de 19.4 millones.
Con información de EFE
Es bueno ver que hay ciudades que defienden sus derechos y los de sus habitantes. La situación de los inmigrantes es complicada y, en vez de ayudar, a veces parece que solo se les quiere meter más miedo. Es importante que se respeten las decisiones de las comunidades, especialmente cuando buscan proteger a quienes viven en ellas.