20 de Agosto 2025.-Un grupo de 161 chiapanecos desplazados por la violencia del crimen organizado en Frontera Comalapa recibió el estatus de visas humanitarias otorgadas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Según autoridades de Guatemala, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase, además de recibir atención interinstitucional en el departamento de Huehuetenango, incluyendo asistencia médica, psicológica y entrega de insumos básicos.
Los beneficiarios provienen de las comunidades de Santa Teresa, Paso Hondo, Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, todas pertenecientes a Frontera Comalapa, Chiapas. Entre ellos hay 52 mujeres, 40 hombres, 38 niñas y 31 niños, quienes se resguardan en un aula de usos múltiples de la comunidad Guailá, casas de pobladores o lugares alquilados, según informó el IGM.
La atención humanitaria se realizó con un equipo multidisciplinario que incluyó representantes del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación de México, además de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, Plan Internacional, PGN, CONAMIGUA, Cruz Roja Guatemalteca, CONRED, Gobernación Departamental de Huehuetenango y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este apoyo busca garantizar alimentación, higiene, asistencia médica y psicológica continua a los desplazados.
Las autoridades guatemaltecas señalaron que la medida responde a la conflictividad persistente en el estado de Chiapas, lo que obligó a estas familias a buscar protección en territorio vecino. La acción refleja la coordinación regional para atender desplazamientos forzados y proteger a personas en riesgo, mostrando un mecanismo de cooperación internacional frente a crisis humanitarias transfronterizas.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, cuestionó la condición de desplazados de las personas y afirmó que algunas son familiares de presuntos criminales, lo que generó debate sobre la veracidad de los motivos de desplazamiento y la responsabilidad de las autoridades mexicanas en garantizar seguridad en la región.
Así como protocolos claros para atender desplazamientos internos y su transición a otros países. La coordinación entre gobiernos y organismos internacionales es clave para proteger a personas en riesgo sin poner en riesgo la seguridad de la población local.
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