25 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró un detallado informe de 27 páginas sobre Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, en el que se recopila información de 83 fuentes y se realiza una completa “ficha de identidad y análisis de redes”, según dio a conocer Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs. El documento apunta a presuntos vínculos con el crimen organizado, uso de familiares como operadores y posibles desvíos millonarios, abriendo un panorama de irregularidades que requieren atención judicial.
Presuntos vínculos criminales
De acuerdo con el informe, Cuevas estaría relacionada con integrantes de la Unión Tepito y un líder conocido como el Choko, además de posibles investigaciones abiertas en Estados Unidos. Se señala que la exfuncionaria habría integrado a dos hermanos y cinco primos en su estructura de poder, quienes ocuparon cargos en la alcaldía y participaron en el cobro de cuotas a comerciantes. El documento los describe como un grupo de choque que combinaba funciones públicas con coerción.
Entre los hallazgos patrimoniales destacan irregularidades en la adquisición de propiedades. Una casa, inicialmente declarada como comprada con un crédito del ISSSTE, después aparece como pagada de contado. También se documenta la compra en efectivo de una colección de arte valuada en 1.5 millones de pesos. Además, se mencionan dos posibles desvíos millonarios, uno por 122 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación y otro de 350 millones denunciado por la legisladora Alessandra Rojo de la Vega.
El informe también apunta a la esfera política de Cuevas, destacando al senador Ricardo Monreal como presunto padrino político. Asimismo, menciona a Raúl García Mejía, coordinador territorial de la exalcaldesa, asesinado en agosto de 2025 en una “chelería”, un hecho que resalta los riesgos en la red de allegados de la funcionaria.
Investigación recomendada
El CNI concluye con la recomendación de abrir una investigación profunda sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito, discrepancias patrimoniales, empresas irregulares y la presunta estructura de poder criminal que habría operado durante su administración. La alerta de los analistas es que estos hallazgos no se pueden ignorar y requieren coordinación entre las autoridades federales y locales.
La integración de familiares en puestos clave, junto con operaciones financieras sospechosas, podría configurar un patrón de corrupción sistemático que necesita sanciones ejemplares. Además, sugieren revisar las adquisiciones y contratos de la alcaldía durante su gestión para detectar irregularidades adicionales.
Esta investigación permite no solo identificar irregularidades pasadas, sino también establecer medidas preventivas en el manejo de recursos públicos y evitar que estructuras de poder similares se reproduzcan en otras administraciones. Esto podría sentar un precedente en la supervisión de funcionarios locales con antecedentes de conflictos de interés.
Por su parte, organizaciones ciudadanas y defensores de la transparencia han llamado a que las autoridades actúen con rapidez para garantizar que estas investigaciones no queden en un documento más, sino que deriven en acciones concretas que den certeza sobre la legalidad en el ejercicio del cargo y la gestión patrimonial de los funcionarios públicos.
El caso de Sandra Cuevas se convierte así en un ejemplo de la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en el gobierno local, recordando que la vigilancia ciudadana y la acción institucional son clave para prevenir que presuntos delitos financieros y vínculos criminales comprometan la integridad de la administración pública.
