Los casos judiciales relacionados con la crisis climática se multiplicaron más del doble entre 2017 y 2022, reveló un nuevo informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi.
Según el estudio, elaborado junto con el Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), no sólo los gobiernos están siendo más demandados, sino que también van en aumento los litigios climáticos contra empresas privadas.
“Las políticas climáticas están muy por detrás de lo que es necesario para mantener la temperatura global por debajo del umbral de los 1.5 grados, y los fenómenos meteorológicos extremos y el calor abrasador ya están asando nuestro planeta”, alertó Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
“La gente recurre cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, exigiendo responsabilidades a los gobiernos y al sector privado”, añadió.
El informe concluye que “la litigación climática se está convirtiendo en una parte esencial de la acción y la justicia climáticas”, con hasta 2 mil 180 casos registrados el pasado año, más del doble de los 884 de 2017.
Aunque la mayoría de ellos fueron presentados en Estados Unidos, el uso de la vía judicial se está extendiendo en todo el mundo y alrededor del 17 por ciento tienen lugar en países en vías de desarrollo, señaló el PNUMA.
Además, “las voces de los grupos vulnerables se están escuchando globalmente”, según esta agencia de la ONU, ya que al menos 34 casos fueron presentados por o en nombre de niños y jóvenes menores de 25 años.
Así, los litigios incluyen desde la denuncia interpuesta por una niña de siete años en Pakistán hasta un caso centrado en las consecuencias del cambio climático sobre las ancianas.
En ese sentido, el informe hace un repaso de las demandas de los últimos dos años, evidenciando que, con el aumento del volumen y la frecuencia de la litigación, crecen los precedentes legales “formando un campo jurídico cada vez mejor definido”.
La mayoría de los casos apelan a los derechos humanos plasmados en el derecho internacional, denuncian el incumplimiento de leyes y políticas climáticas, buscan el rendimiento de cuentas por parte de empresas o pretenden evitar la extracción de combustibles fósiles, entre otras categorías.
“Hay una brecha que está creciendo de manera alarmante entre el nivel de reducción de gases de efecto invernadero que el mundo necesita para alcanzar sus objetivos de temperatura y las medidas que los gobiernos están adoptando”, dijo el director de facultad del Centro Sabin, Michael Gerrard.
“Esto llevará inevitablemente a más personas a recurrir a los tribunales”, concluyó Gerrard, al destacar que “el informe será un recurso inestimable para (…) comprender qué es y qué no es posible allí”.
El estudio del PNUMA y el Centro Sabin no sólo anticipa un aumento de los casos presentados por colectivos especialmente golpeados por la crisis climática, como los pueblos indígenas, sino también que, en respuesta, crezcan las denuncias “reaccionarias” para derogar “regulaciones que promueven la acción climática”.
Con información de EFE
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