CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, acusada del secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista y fundadora de la ONG Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.
De acuerdo con los ministros de la Primera Sala, la confesión de González Lomelí no fue voluntaria ni libre, sino obtenida mediante intimidaciones y amenazas, por lo que se declaró nula.
La mujer, cabe resaltar, estuvo casi 20 años presa por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de Hugo Alberto Wallace, ocurrida en 2005.
Caso Wallace: ¿Qué sucedió?
El Caso Wallace se remonta al 11 de julio de 2005. En esa fecha, el empresario Hugo Alberto Wallace fue secuestrado en las instalaciones de Plaza Universidad, de acuerdo con las pesquisas realizadas por su madre, Isabel Miranda.
Un día después, el 12 de julio, Miranda de Wallace acudió a la extinta Procuraduría General de Justicia (PGR) y a la Procuraduría capitalina para denunciar la desaparición y secuestro de su hijo. La primera presunta responsable detenida fue Brenda Quevedo Cruz, en la ciudad de Kentucky en Estados Unidos, el 30 de noviembre de ese mismo año.
En el momento, se le señaló de estar involucrada en el secuestro de Alberto Wallace. Más adelante, el 10 de enero de 2006, también fue apresada Juana Hilda González Lomelí.
El caso suscitó el interés mediático de la prensa, mientras Miranda de Wallace cobraba notoriedad en México por iniciar una campaña a nivel nacional en busca de justicia por la desaparición de su hijo.
El 22 de febrero de 2006, denunció un retraso en las investigaciones. A través de espectaculares, Isabel Miranda ofreció una recompensa económica de 250 mil pesos para quien entregara “vivo” a las autoridades a Jacobo Tagle Dobin, presunto participante en el secuestro.
El 15 de marzo, la activista reportó la aprehensión de otro integrante de la supuesta banda de secuestradores. En esta ocasión, se trataba de César Freyre Morales, alias “El Yanqui”. Tras aquella detención, anunció que continuaría hasta detener a otros cinco sospechosos más.
De nuevo, colocó un espectacular, esta vez en la calle de Medellín 150, en la colonia Roma, ofreciendo recompensa de 50 mil pesos a quien brindara información de un supuesto cómplice identificado con el nombre de Tony Castillo Cruz.
El 16 de marzo de 2006, un día después, la Procuraduría General de la República informó que Hugo Alberto Wallace murió de un paro cardiaco tras haber recibido golpes por parte de sus secuestradores.
De acuerdo con la versión oficial, el hijo de la activista fue secuestrado y asesinado durante la noche del 11 de julio de 2005 en un departamento de la Colonia Insurgentes Mixcoac.
En ese mismo año, el 21 de diciembre, un juez federal dictó sentencia de cinco años de prisión a Freyre Morales, presunto jefe de la banda de secuestradores a la que se le atribuía el secuestro y homicidio de Wallace.
Después de una pausa mediática, el Caso Wallace retomó notoriedad el 9 de junio de 2008.
Presunto intento de homicidio contra Isabel Miranda
En esa fecha, Isabel Miranda fue víctima de presunta tentativa de homicidio cuando dos sujetos dispararon contra la camioneta en la que se disponía a trasladarse a sus oficinas. En el siniestro, la mujer salió ilesa.
En diciembre de ese año, Marco Antonio Alquicira Díaz, elemento considerado clave en la búsqueda por Isabel Miranda de Wallace, fue asesinado de un disparo en la cabeza, mientras se encontraba en su domicilio.
El 29 de junio de 2009, un juez estadounidense autorizó la extradición de Brenda Quevedo, para que fuera juzgada en México por los delitos que le imputaban de secuestro y homicidio contra Hugo Wallace.
El traslado ocurrió tres meses después, el 25 de septiembre, de acuerdo con la PGR.
Tres días después, Isabel Miranda de Wallace exhortó a las autoridades y legisladores a promover la creación de la Ley Federal de Víctimas, para permitirle a personas afectadas por diferentes delitos “tener voz” y “ser escuchadas”.
Sentencia contra Juana Hilda González Lomelí
Casi medio año después, el 24 de diciembre de 2009, un juez dictó sentencias que iban desde los 28 a los 47 años de prisión al expolicía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, considerados como cuatro de los principales partícipes del secuestro y asesinato.
El 5 de enero de 2010, Isabel Miranda cuestionó la sentencia impuesta por el juez federal y solicitó la intervención del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Simultáneamente, la PGR apeló al fallo judicial.
Un día después, Isabel Miranda se reunió con el presidente del Máximo Tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para externarle su inconformidad con la sentencia dictada hacia los cuatro presuntos responsables. El 2 de marzo, senadores de la República de distintas fuerzas políticas arroparon la iniciativa de Isabel Miranda, y le ofrecieron acompañamiento a su idea de “atención a las víctimas del secuestro”.
Entonces, la Primera Sala de la SCJN admitió revisar las sentencias aplicadas por el juez federal, por considerar que fueron “mínimas” y que los perpetradores merecían una pena más severa.
El caso Wallace y la Ley Antisecuestro
El 26 de abril de ese año, Miranda de Wallace, acompañada del empresario Alejandro Martí, acudió a la Cámara Alta para participar en la negociación de la llamada Ley Antisecuestro. Sin embargo, el 19 de mayo la Suprema Corte determinó que no intervendría en el juicio de los secuestradores de Alberto Wallace.
El 24 de agosto, un Tribunal revocó las sentencias impuestas contra los cuatro integrantes al considerar que el crimen no era competencia de la normativa federal, sino de la local.
Más adelante, el 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Antisecuestro, para endurecer sanciones a cualquiera que cometa dicho ilícito.
El 4 de diciembre de 2010, elementos de la procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvieron a Jacobo Tagle Dobin, el último presunto responsable en el secuestro y homicidio de Wallace. Un año después, el 28 de octubre de 2011, dictaron sentencia condenatoria contra los cuatro integrantes de la banda, con penas que iban ahora desde los 78 a los 131 años de prisión.
Juana Hilda González Lomelí, en particular, fue sentenciada a 78 años 9 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Juana Hilda González, entre estigmatización, sexualización y tortura
Desde 2022, The Washington Post señaló en un artículo que la prensa jugó un rol de cobertura de expresiones misóginas que sexualizaron y estigmatizaron a Juana Hilda González.
Este es, a la vez, es uno de los argumentos que usó su defensa, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDF), para solicitarle a la SCJN que atrajera la sentencia.
De acuerdo con el IFDF, se vulneró su presunción de inocencia al señalarla como culpable del delito por ser bailarina exótica y porque Miranda de Wallace la identificó públicamente como la “enganchadora” para que su hijo fuera secuestrado.
Juana Hilda trabajaba como bailarina exótica y, según el diario estadounidense, distintos medios de comunicación se refirieron a ella como “la carnada” o “la za za za” por una canción que bailaba en algunos espectáculos del Grupo Clímax.
“Lo mismo sucedió con la otra mujer implicada en este caso, Brenda Quevedo Cruz, a quien los medios de comunicación exhibieron con un disfraz de conejita y a quien el juez de su causa consideró ‘demasiado independiente e inestable’ por ‘tener muchos estudios’ y una carrera con ambiciones, como consta en la resolución de incidente de cambio de medida cautelar”, subrayó The Washington Post.
Hilda, cabe resaltar, fue pareja de César Freyre, el hombre al que Isabel Miranda responsabilizó del secuestro de Hugo Alberto. Además, sostuvo un vínculo con Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.
Las fotografías de la mujer, al lado del exteniente de alto rango del Cártel de los Beltrán Leyva, contribuyeron a estigmatizar su figura en el Caso Wallace.
Juan Hilda fue ingresada al penal de Santa Martha en el 2006, y tres años después tuvo un bebé en prisión, en donde ha permanecido hasta la fecha de la resolución de la Suprema Corte de este miércoles.
Quevedo Cruz, igualmente, ha denunciado tortura física, sexual y psicológica durante su proceso judicial. Según su testimonio, sufrió violaciones en la prisión de las Islas Marías. Dichas agresiones fueron reconocidas por la recomendación VG127 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 29 de septiembre de 2023.
Otros procesados por el presunto secuestro y asesinato del hijo de Wallace también han reportado tortura y presiones similares para obtener su declaración.
Mientras vivía, la mujer negó rotundamente las críticas. Parte de las acusaciones se sostienen por el hallazgo de una gota de sangre en el departamento de Mixcoac.
El material genético, de acuerdo con las diligencias de las autoridades, coincidía con el de José Wallace Díaz, el segundo esposo de Miranda de Wallace. No obstante, el periodista Ricardo Raphael ha señalado que la coincidencia es imposible, porque Hugo Wallace no era hijo biológico de José.
La periodista Guadalupe Lizárraga publicó en 2014 una investigación en la que se presentaban incongruencias en el caso, como el uso de tarjetas o del celular del desaparecido meses después de que se le perdiera el rastro.
Las críticas contra Isabel Miranda de Wallace
El Caso Wallace suscitó una serie de críticas y desconfianza por parte de periodistas de la opinión pública en general contra Isabel Miranda, incluso señalándola en varias ocasiones de presuntamente fingir la desaparición de su hijo.
En el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Isabel Miranda se volvió una de las activistas predilectas del calderonato. En 2010, el exmandatario federal la reconoció con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Más adelante, en 2012, fue postulada por el Partido Acción Nacional (PAN) como candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, donde compitió contra personalidades políticas como Miguel Ángel Mancera, Rosario Guerra y Beatriz Paredes.
La activista, cercana al expresidente panista, apareció con él en eventos públicos relacionados con la estrategia de seguridad diseñada y ejecutada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.
Del expresidente Calderón, dijo siempre “haber recibido mucho apoyo”. En abril de 2019, Miranda de Wallace pidió al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la recibiera para pedir avances en la investigación sobre la desaparición de su hijo, por medio de una carta.
Es increíble que alguien haya pasado 20 años en la cárcel por un error tan grande. Deberían hacer más para evitar que esto vuelva a pasar. La justicia tiene que ser más cuidadosa, porque no se trata solo de números, son vidas arruinadas.
Es increíble que alguien pase 20 años en prisión por un error tan grave. La justicia debería ser más cuidadosa y asegurarse de que no se condene a personas inocentes. Es una vergüenza que esto haya sucedido y que se haya tardado tanto en corregirlo.
Es increíble que alguien haya pasado 20 años en prisión por un error tan grande. La justicia debería ser más cuidadosa y no dejar que casos así se repitan. Es una pena que haya gente inocente sufriendo por fallos en el sistema.