8 AGOSTO 2025- NACIONAL- El exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, denunció a través de sus abogados que vive bajo un régimen de aislamiento extremo en una prisión de Estados Unidos, similar al que se aplica a reos acusados de terrorismo, pese a que no ha sido condenado. La defensa asegura que estas condiciones vulneran sus derechos humanos y dificultan su capacidad para enfrentar un juicio justo.
Encierro de 23 horas y sin contacto familiar
De acuerdo con su abogado, Mark DeMarco, desde su extradición en febrero de 2025, Caro Quintero permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn bajo las llamadas Medidas Especiales Administrativas (SAMs), un régimen diseñado para internos considerados de alto riesgo. El narcotraficante de 72 años pasa 23 horas al día en una celda sin ventanas y con luz encendida permanentemente, y los fines de semana permanece encerrado las 24 horas sin ejercicio ni contacto físico con sus seres queridos.
La defensa argumenta que, desde su llegada a Estados Unidos, el fundador del Cártel de Guadalajara solo ha podido realizar una o dos llamadas breves y supervisadas a su familia en México. Tampoco se le permite enviar o recibir mensajes a través de sus abogados, lo que, según ellos, limita gravemente la preparación de su defensa. Además, no ha recibido una televisión como se le había indicado y únicamente cuenta con un radio, que casi no utiliza debido a la barrera del idioma.
Restricciones sin pruebas de riesgo real
Los abogados afirman que las condiciones impuestas a Caro Quintero carecen de sustento legal o factual, ya que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas de que haya intentado planear actos violentos o fugarse. Tampoco existen antecedentes de incidentes en prisión que lo clasifiquen como un reo peligroso. Para la defensa, estas medidas se basan en la fama y leyendas que lo han rodeado durante décadas, más que en evidencias concretas.
Ante este escenario, solicitaron al juez Frederic Block que suspenda de inmediato las SAMs o que convoque una audiencia para evaluar si dichas restricciones son justificadas. Advirtieron que el prolongado aislamiento representa un riesgo para la salud física y mental del acusado, quien únicamente habla español y tiene serias dificultades para comunicarse con el personal penitenciario que, en su mayoría, no domina el idioma.
