7 de Agosto del 2025.- Lo que comenzó como un viaje familiar para sanar el duelo, terminó en una pesadilla legal y emocional para Carlos González, un joven mexicano que llegó a Florida con visa de turista y terminó detenido en el controvertido centro conocido como Alligator Alcatraz. Su experiencia, narrada en entrevista con CNN, refleja las fallas estructurales del sistema migratorio estadounidense y las condiciones que enfrentan miles de migrantes, incluso aquellos que ingresan al país de manera legal.
Carlos asegura haber sido detenido tras una parada de tránsito por el simple hecho de tener los vidrios del coche polarizados. A pesar de portar su visa vigente, pasaporte y licencia de conducir, fue acusado de trabajar ilegalmente y su hermano, de quedarse más tiempo del permitido. Así comenzó un recorrido confuso y sin garantías legales claras por centros de detención y oficinas migratorias que incluyó varios ingresos y salidas de la cárcel del condado de Orange.
El caso se complicó cuando fue enviado al temido centro de detención Alligator Alcatraz, en medio de los Everglades. Allí, Carlos relata haber vivido bajo condiciones que calificó de inhumanas: encierro prolongado, cadenas en pies y manos durante horas, comida insuficiente y luces encendidas todo el tiempo. Además, denuncia el uso del aire acondicionado como castigo, la falta de productos de higiene, y el nulo acceso a orientación legal. Según sus palabras: “No te suelto pero no te digo qué va a pasar contigo”.
Aunque las autoridades migratorias defienden las condiciones del centro, organizaciones civiles y medios han venido documentando abusos sistemáticos. El exasesor de la Casa Blanca Tom Homan asegura que los informes son “noticias falsas”, pero testimonios como el de Carlos, y las múltiples investigaciones previas, apuntan a un patrón preocupante que vulnera derechos humanos básicos en nombre de la política migratoria.
A lo largo de los años, Alligator Alcatraz se ha vuelto sinónimo de una política migratoria que no solo busca controlar el ingreso irregular, sino que, en muchos casos, criminaliza la migración legal. Expertos consultados por organizaciones como Human Rights Watch han señalado que este tipo de detenciones pueden constituir detención arbitraria bajo estándares internacionales. Además, la falta de acceso a defensa legal y las presiones para firmar “salidas voluntarias” sin asesoría, como ocurrió con Carlos y su hermano, plantea serias dudas sobre la validez de estos procedimientos y el respeto al debido proceso.
Carlos fue liberado tras ocho días en ese centro, gracias a la exposición mediática de su caso. Pero no todos los detenidos tienen la misma suerte. Muchos terminan firmando documentos sin comprender las consecuencias legales, mientras sus familias quedan en la incertidumbre. Hoy, Carlos reflexiona sobre su estadía: “Salí de una depresión por la muerte de mi madre y me metieron en otra… sin razón”.
