CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Clara Brugada, tendrá que devolver un total de 1.3 millones de pesos al cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera por cobro “desproporcionado” de impuestos.
Así lo ordenó una jueza federal respecto a los impuestos por la adquisición de dos departamentos en el complejo exclusivo Torre Mitikah, al sur de CDMX, con un costo de 10 millones de pesos cada uno.
Según informes recientes de El Universal, hasta el momento el gobierno capitalino no ha cumplido con la sentencia de amparo de la jueza Blanca Lobo, del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia administrativa.
Dicha sentencia fue dictada en mayo de 2024, en favor del ex arzobispo Primado de México.
Esto pese a que el 11 de abril de este año, la misma jueza le otorgó una prórroga e impuso una multa, la cual ya fue impugnada por la Consejería Jurídica de Clara Brugada.
Caso Norberto Rivera: ¿por qué se le devolverán 1.3 mdp al cardenal?
De acuerdo con el expediente del juicio de amparo, en febrero de 2004 el cardenal en retiró adquirió los departamentos 4201 y 4205 en dicho edificio.
El Código Fiscal de la Ciudad de México establece una cuota de 23 mil 61 pesos para la inscripción de los contratos de compraventa ante el Registro Público de la Propiedad.
Para registrar otros trámites similares la cuota general es de 2 mil 302 pesos.
Sin embargo, al cardenal Norberto Rivera le cobraron 23 mil 61 pesos para registrar los contratos con los que adquirió sus departamentos, es decir, pagó 46 mil 122 pesos en total por dichos trámites.
Según el expediente, el 6 de marzo de 2024 pagó 651 mil 101 pesos por concepto de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles correspondiente al departamento número 4201 y de 700 mil 150 pesos por el departamento 4205.
Ante ello, Rivera Carrera interpuso el amparo contra el cobro de la cuota de más de 20 mil pesos por el registro de la compraventa y el pago del ISAI que le fue aplicado con base en el valor de los departamentos.
La jueza Lobo Domínguez resolvió que el cobro por el registro de las adquisiciones de inmuebles fue desproporcional.
“En virtud de las consideraciones expuestas, este juzgado estima fundado el concepto de violación y suficiente para conceder el amparo.
Lo anterior, puesto que como ya se destacó, independientemente del acto jurídico que se registre, el costo y despliegue técnico por el Estado para prestar ese servicio público es el mismo”.
Es increíble cómo se dan estas situaciones. Mientras muchas personas luchan por llegar a fin de mes, el gobierno tiene que devolver una cantidad tan grande a alguien que ya tiene mucho. No sé, me parece que hay cosas más importantes en las que deberían enfocarse, en lugar de estar devolviendo dinero a personas con privilegios.