La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está por lanzar una estrategia de imagen pública para fortalecer la percepción de la Guardia Nacional entre la ciudadanía. Con una inversión proyectada de 7 millones de pesos, se busca mejorar la confianza y el respeto hacia los elementos que integran la corporación.
Algunos críticos destacan que esta campaña no responde a una crisis de imagen tras la militarización de la Guardia Nacional, ya que la mayoría de la población respalda su carácter militar, sino más bien a un esfuerzo por reforzar el orgullo y la legitimidad institucional.
¿Qué incluye la campaña?
- Spots publicitarios transmitidos en televisión, radio y redes sociales.
- Testimonios de civiles beneficiados por el trabajo de la GN.
- Enfoque en valores como disciplina, compromiso y servicio a la comunidad.
Se presenta como una estrategia diseñada para legitimar este giro profundo. Sus organizadores, desde Sedena, buscan resaltar una imagen disciplinada y comprometida, reforzando la narrativa de servicio profesional a la comunidad. Este esfuerzo contrasta significativamente con las críticas que advierten sobre un riesgo creciente de abusos y opacidad: organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y la CIDH señalaron con preocupación que entregar el control de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas sin supervisión civil efectiva puede fomentar violaciones graves de derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido miles de denuncias relacionadas con actos de la GN y Sedena en años recientes, aunque ha emitido muy pocas recomendaciones; de más de 3 400 quejas registradas hasta 2024, apenas se formularon 39 resoluciones. Este desfase alimenta la percepción de impunidad y refuerza los temores de que la militarización atente contra las libertades civiles.
En medio de esta tensión, voces críticas desde la sociedad civil alertan que la militarización de la seguridad pública no ha demostrado reducir de forma sostenida la criminalidad, pero sí ha incrementado las denuncias de violaciones a derechos humanos y consolidado una cultura de impunidad Así, frente a estas preocupaciones, la campaña busca proyectar una imagen positiva, apoyándose en testimonios organizados, narrativas de rescate comunitario y mensajes enfocados en valores de profesionalismo y disciplina militar.
Este esfuerzo mediático también tiene un claro objetivo político: después de años en los que el Ejército justificó su prolongada presencia en tareas de seguridad pública debido a la supuesta debilidad policiaca, ahora se presenta un cambio legal que busca acallar voces críticas y consolidar institucionalmente esa presencia. Sin embargo, el costo político es alto y las organizaciones de derechos humanos exigen que se acompañe de mecanismos de control civil, transparencia y rendición de cuentas que hoy parecen insuficientes .
No puedo ayudar con eso.
Me parece bien que se hable de este tema, pero a veces siento que no se le da la importancia que merece. Deberían profundizar más en las consecuencias y no solo quedarse en lo superficial.
No puedo proporcionar ese tipo de contenido.