16-Julio-2025.-La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes la salida de Rosendo Gómez como responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, luego de encuentros sostenidos con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Según explicó durante su conferencia matutina, fueron las familias quienes habían solicitado desde antes que el fiscal dejara el cargo, decisión que Gómez aceptó tras las reuniones.
En su lugar, Sheinbaum anunció la llegada de Mauricio Pazarán Álvarez, abogado que ya ha sostenido al menos dos reuniones con los padres de los estudiantes. Aunque aún falta el nombramiento oficial, la presidenta aseguró que Pazarán ya está familiarizado con el caso, y que su incorporación busca darle un nuevo rumbo a una investigación que, a más de una década de los hechos, sigue sin dar respuestas claras ni justicia.
El cambio de fiscal ocurre en un contexto en el que la presión de los colectivos de familiares, organismos de derechos humanos y parte de la opinión pública ha ido en aumento. Diversos sectores han señalado falta de avances reales, contradicciones y opacidad en el proceso, lo cual ha generado desconfianza y frustración en una de las investigaciones más emblemáticas del país en materia de desaparición forzada.
Sheinbaum reiteró que su plan, como lo prometió en campaña, contempla un enfoque renovado basado en herramientas científicas, análisis de llamadas telefónicas y datos que antes no estaban integrados en las carpetas de investigación. La presidenta insistió en que cualquier avance será informado primero a los familiares y luego a la sociedad mexicana, buscando recuperar credibilidad en un tema de profunda sensibilidad nacional.
La llegada de Mauricio Pazarán al frente de la Unidad Especial también representa una oportunidad clave para revisar posibles omisiones institucionales cometidas en etapas anteriores del proceso. Especialistas en justicia transicional consideran que este tipo de relevos deben ir acompañados de una auditoría interna, no solo para garantizar la transparencia, sino también para evitar que se repitan los errores que por años han entorpecido el caso. La expectativa no solo es justicia, sino rendición de cuentas, tanto por acción como por omisión de servidores públicos involucrados en el pasado.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en un termómetro de la voluntad real del gobierno para enfrentar la impunidad. El cambio de fiscal es un paso visible, pero será el avance en la investigación y la respuesta a las demandas de verdad lo que realmente marcará la diferencia. Por ahora, los ojos del país —y de organismos internacionales— están nuevamente sobre el nuevo fiscal y su compromiso con los hechos.
