25 DE MARZO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El estado de California ha iniciado una batalla legal contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear lo que considera una apropiación de poder sin precedentes. La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, surge tras la orden de emergencia emitida para forzar la reapertura de una operación petrolera en alta mar que ha permanecido cerrada por más de diez años. Según las autoridades estatales, el gobierno federal está utilizando de manera indebida su autoridad para favorecer intereses comerciales por encima de las normativas de seguridad locales.
El fiscal general de California, Rob Bonta, fue tajante al señalar que la supuesta emergencia energética nacional utilizada como justificación es, en realidad, inexistente. Bonta explicó a los medios que Estados Unidos produce actualmente mucho más petróleo y gas de lo que consume, por lo que la medida del gobierno parece estar diseñada únicamente para congraciarse con las grandes empresas del sector. Esta acción legal pone en duda la veracidad de los argumentos presentados por la Casa Blanca para saltarse los procedimientos habituales de revisión ambiental y estatal.
El conflicto legal por el funcionamiento del oleoducto
La disputa se centra en una orden firmada el 13 de marzo por el secretario de Energía, Chris Wright, la cual se apoya en la Ley de Producción para la Defensa, una norma que data de la época de la Guerra Fría. California argumenta que esta ley fue creada para dar prioridad a contratos durante crisis reales y no para otorgar al gobierno federal el poder de anular leyes estatales o forzar el funcionamiento del oleoducto. El estado sostiene que no se han cumplido los requisitos básicos para activar estos poderes, ya que no existe una escasez de energía que lo justifique.
Por su parte, la empresa Sable Offshore Corp, que adquirió el sistema a ExxonMobil en 2024, tiene grandes intereses económicos en juego. La compañía ha informado a sus inversionistas que, de lograrse el funcionamiento del oleoducto, la producción podría saltar de 30 mil a más de 50 mil barriles de crudo por día. Este petróleo estaría destinado a las refinerías ubicadas en Los Ángeles, Bakersfield y el Área de la Bahía, aprovechando el reciente incremento en los precios del combustible provocado por las tensiones internacionales con Irán.
Implicaciones de la orden federal sobre la operación del oleoducto
La intervención de la administración Trump es considerada la más agresiva hasta la fecha, ya que pretende pasar por encima de un decreto de consentimiento de 2020. Dicho acuerdo previo establece que el jefe de bomberos de California debe dar su aprobación técnica antes de que se autorice la operación del oleoducto, debido a los riesgos de derrames y accidentes. Sin embargo, una opinión legal del Departamento de Justicia emitida recientemente sugiere que la orden de emergencia federal tiene la fuerza suficiente para anular cualquier requisito de seguridad impuesto por el estado.
