4 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio un golpe contundente contra la delincuencia organizada al detener a 44 sujetos en apenas mes y medio. Estos individuos se hacían pasar por agentes ministeriales para instalar retenes ilegales en diversas vialidades del estado, con el objetivo de engañar y extorsionar a los ciudadanos. Según el reporte oficial, los detenidos utilizaban uniformes e insignias falsas para generar confianza inicial y obligar a los conductores a detener su marcha en puntos estratégicos.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de un diputado local sobre un filtro de seguridad sospechoso en la carretera México-Pachuca. Al indagar, las autoridades descubrieron que estos impostores de la ley no solo simulaban ser servidores públicos, sino que también utilizaban vehículos con luces estroboscópicas para parecer patrullas reales. Durante los operativos de captura, se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de drogas, lo que permitió judicializar sus expedientes por múltiples delitos graves.
El violento modo de operar de los retenes piratas
Estos sujetos, conocidos en el bajo mundo como «madrinas», seleccionaban a sus víctimas pidiéndoles documentos oficiales para una supuesta revisión de rutina. Una vez que tenían el control de la situación, los falsos oficiales de seguridad inventaban que el vehículo tenía reporte de robo o estaba ligado a un crimen para asustar a las personas. Bajo esta amenaza, exigían fuertes sumas de dinero en efectivo o transferencias bancarias a cambio de no llevar a los conductores ante el Ministerio Público, una autoridad que ellos mismos simulaban representar.
En los casos más graves, los delincuentes subían a las víctimas a las unidades para privarlas de su libertad momentáneamente mientras presionaban a sus familiares por teléfono. Para evitar ser denunciados, los sujetos disfrazados de autoridad recurrían a la intimidación directa, asegurando que conocían los domicilios de las víctimas y que tomarían represalias si hablaban con la policía real. Este esquema de terror les permitió operar impunemente en tramos carreteros de alta afluencia durante varias semanas antes de ser interceptados por la verdadera Fiscalía.
Robo al transporte de carga y rutas afectadas
El sector más golpeado por estos delincuentes con uniformes apócrifos fue el de los transportistas, especialmente en vías como la México-Querétaro y el Arco Norte. El «modus operandi» consistía en detener los camiones de carga para inspeccionar la mercancía bajo el pretexto de una revisión oficial. Una vez que obtenían la información detallada de lo que transportaban, dejaban avanzar al chofer, solo para que otro grupo de cómplices lo interceptara kilómetros adelante y robara la unidad con total conocimiento del contenido.
