10 DE JULIO-A 25 años de su creación, el programa federal que permitía a migrantes indocumentados acceder a educación técnica, profesional y para adultos en Estados Unidos ha sido revocado. El Departamento de Educación, bajo la administración de Donald Trump, anunció que los fondos federales estarán reservados exclusivamente para ciudadanos estadounidenses y personas con estancia legal. Esta medida deja fuera a miles de migrantes que, durante décadas, encontraron en estas becas una oportunidad para integrarse productivamente a la sociedad.
La decisión se sustenta en la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), promulgada en 1996, la cual prohíbe el uso de beneficios públicos federales a quienes no tienen un estatus migratorio regular. La secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló que la interpretación anterior emitida por la administración Clinton en 1997 permitió indebidamente el uso de estos fondos para apoyar a migrantes irregulares, lo que ahora será corregido.
“El dinero de los contribuyentes debe beneficiar a quienes están legalmente en este país”, afirmó McMahon. El cambio se implementará a partir del 9 de agosto y afectará directamente a programas de acceso a la educación para adultos, incluidos cursos de capacitación laboral, oficios y alfabetización, así como a iniciativas como las becas Pell y préstamos estudiantiles, que ya eran restringidas, pero ahora lo serán con mayor firmeza.
Un efecto colateral grave de esta decisión es la revocación de 7 mil millones de dólares en subvenciones destinadas a la enseñanza del inglés como segunda lengua, un pilar fundamental para la inclusión social y laboral de comunidades migrantes. La administración Trump argumenta que estos recursos eran utilizados para promover una «agenda radical de izquierda», aunque múltiples organizaciones educativas han señalado que esto representa un golpe directo a la equidad educativa.
Además del impacto educativo, esta medida agrava la exclusión social de los migrantes que, aunque indocumentados, llevan años contribuyendo al país. Muchos de ellos trabajan, pagan impuestos y han creado familias. Según estudios del Migration Policy Institute, más del 70% de los migrantes que accedían a estos programas viven en hogares mixtos con hijos ciudadanos, lo que amplifica el efecto del recorte sobre nuevas generaciones.
Un punto que ha sido poco debatido públicamente es el daño a la competitividad laboral que podría derivar de estas restricciones. Estados Unidos enfrenta una creciente escasez de trabajadores capacitados en sectores como construcción, salud, manufactura y servicios, donde tradicionalmente se han formado muchos migrantes a través de estos programas. Al cerrar el acceso a la capacitación técnica, el país no solo limita oportunidades a individuos, sino que pone en riesgo su propio desarrollo económico, especialmente en comunidades que dependen de mano de obra calificada.
