DACA, Bangladesh.— Bangladesh observó un día de duelo el martes pasado en honor a los más de 200 fallecidos en las recientes semanas de violencia relacionada con manifestaciones estudiantiles contra un sistema de cuotas laborales del gobierno en esta nación del sur de Asia.
Después de varias semanas de marchas pacíficas llevadas a cabo por alumnos que demandaban cambios en el sistema —el cual reservaba el 30% de los puestos en el sector público a parientes de veteranos y a víctimas de violencia durante la guerra de independencia frente a Pakistán en 1971— la violencia estalló el 15 de julio cuando activistas vinculados al partido en el poder atacaron a los protestantes.
Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y proyectiles de goma para contener la violencia.
Las manifestaciones representaron el mayor reto al gobierno de Bangladesh desde que la primera ministra, Sheikh Hasina, ganó su cuarto mandato consecutivo en las elecciones de enero, que fueron boicoteadas por los principales grupos de oposición.
El partido Liga Awami, que ocupa el gobierno, y el Partido Nacionalista de Bangladesh suelen acusarse mutuamente de alimentar el desorden y la violencia política, más recientemente en las elecciones nacionales, que se vieron marcadas por la represión de líderes opositores.
Funcionarios de alto rango del gobierno llevaban cintas negras el martes en conmemoración de los fallecidos, mientras que el país comenzaba a retornar lentamente a la normalidad y se aliviaba el estricto toque de queda.
Las autoridades solicitaron a todas las mezquitas, templos y otros lugares de culto que llevaran a cabo oraciones especiales por los muertos.
El ministro del Interior, Asaduzzaman Khan, reportó una cifra de 150 decesos, mientras que el diario bengalí más importante, Prothom Alo, indicó que 211 habían perdido la vida desde el 16 de julio. Miles de personas resultaron heridas.
Informes de medios estimaban que cerca de 10,000 individuos habían sido arrestados en las dos últimas semanas en relación con los conflictos, protestas y otros ataques a propiedades del estado.
Organizaciones de derechos humanos han exigido el cese de las detenciones arbitrarias, y críticos han acusado al gobierno de hacer uso excesivo de la fuerza para controlar los enfrentamientos. El gobierno ha defendido su postura afirmando que las detenciones se realizan con base en acusaciones específicas.
Los manifestantes alegaron que la cuota del 30% era discriminatoria y favorecía a los aliados de Hasina, cuya Liga Awami fue la que dirigió el movimiento de independencia, y pedían que se reemplazara por un sistema meritocrático.
La Corte Suprema dictó que la cuota para veteranos disminuyera al 5% el 21 de julio.
El 93% de los empleos públicos serían asignados según méritos, mientras que el 2% restante correspondería a miembros de minorías étnicas, personas transgénero y personas con discapacidad. Dos días después, el gobierno aceptó el fallo y se comprometió a implementarlo.— Los Angeles Times
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