CIUDAD DE MÉXICO.- Banco Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, interpuso una demanda civil contra siete periodistas y youtubers vinculados con la 4T, alegando que sus publicaciones en redes sociales causaron “daños patrimoniales y morales” a la institución.
La acción legal ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los comunicadores en plataformas digitales.
¿Por qué demanda Banco Azteca a los youtubers?
Banco Azteca presentó la demanda ante un juez civil en Jalisco, argumentando que las críticas de los demandados en la red social X afectaron su reputación y le hicieron perder “millones de dólares”.
Entre los señalados se encuentran: Jorge Gómez Naredo, Víctor Arámburu, Vicente Serrano, Sandra Aguilera, Hans Salazar, Ignacio Rodríguez, conocido como “El Chapucero”, y Miguel Ángel Pelayo.
Uno de los puntos clave de la demanda es el contenido de las publicaciones de Vicente Serrano, quien, según el documento legal, que compartió por medio de sus redes sociales, habría afirmado en varias ocasiones que Banco Azteca estaba en quiebra o en riesgo inminente de caer en insolvencia.
Entre las declaraciones atribuidas a Serrano destacan: “En redes sociales está sonando muy fuerte una campaña para que la gente retire todos sus ahorros de #BancoAzteca, supuestamente por un peligro de inminente quiebra”.
El documento legal argumenta que tales publicaciones carecen de evidencia y que un “ejercicio mínimo y razonable de investigación” habría demostrado la solvencia del banco.
Además, Banco Azteca sostiene que estos comentarios afectaron su honor y buena reputación, exigiendo una reparación económica por los daños causados.
Es un poco preocupante ver cómo una empresa grande demanda a personas por expresar su opinión. La libertad de expresión es fundamental y, aunque hay que ser responsables con lo que se dice, parece que esto puede asustar a otros de hablar libremente. La verdad, no debería ser tan fácil que las empresas intenten silenciar a quienes critican sus acciones.
Es un poco preocupante que un banco demande a personas por expresar su opinión. La libertad de expresión es fundamental, y si alguien siente que ha sido agraviado, debería poder hablarlo sin miedo a represalias. Esto podría hacer que la gente se sienta más insegura al compartir sus experiencias o críticas. Al final, todos tenemos derecho a opinar, y eso no debería estar en riesgo.