Atentado, víctimas y primeras diligencias
El lunes pasado, dos activistas venezolanos en el exilio —Yendri Velásquez y Luis Peche— fueron atacados frente al edificio donde vivían, en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá. Peche, consultor político, recibió hasta seis disparos y fue intervenido quirúrgicamente; Velásquez permanece en observación tras dos cirugías por impactos en su abdomen.
Las autoridades señalaron que el ataque parece planeado, con participación de varias personas, posiblemente una banda delincuencial. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto: dos hombres bajan desde un automóvil estacionado afuera del edificio, disparan contra ambos activistas, y huyen rápidamente en el vehículo, conducido por otra persona.
Hallazgos en la investigación y actores involucrados
El CTI de la Fiscalía descubrió que el vehículo utilizado para atacar a los activistas salió del mismo edificio donde estos vivían, y que presuntamente los agresores utilizaban un apartamento tres pisos abajo del de las víctimas como punto de apoyo.
El auto fue abandonado a pocos kilómetros. Dentro se encontraron dos pistolas y un documento de identidad de un hombre que se presume uno de los sicarios. El automóvil está identificado como un Mazda 626 Matsuri de 1995, con placas de la ciudad de Pereira, registrado a nombre de un empresario llamado Jhon Jairo R. R.
Las autoridades ahora verifican si la matrícula es original o fue falsificada (“plagiada”) y tratan de determinar si el dueño tiene vínculos con los atacantes.
Protección, exigencias y contexto político
El presidente Gustavo Petro ha anunciado que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará sus dispositivos de protección para los exiliados venezolanos: “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida…”
Mientras tanto, defensores de derechos humanos venezolanos en el exilio han enviado una carta al Gobierno colombiano, solicitando reconocer la naturaleza específica del régimen que los persigue desde Venezuela. Alegan que, si se niega o diluye lo que ellos llaman la realidad del régimen de Maduro, se dificulta diseñar políticas eficaces de protección, respuesta y cooperación judicial.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han exhortado a Colombia a sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas concretas para prevenir la violencia, sobre todo contra quienes defienden derechos humanos.
Importancia de un diagnóstico certero y consecuencias de la impunidad
Los activistas subrayan que un diagnóstico adecuado de la situación en Venezuela es condición indispensable para medidas eficaces de protección, investigación y respuesta. Afirman que sin reconocer claramente las violaciones de derechos humanos relacionadas con el Estado, se corre el riesgo de implementar políticas comunes que no contemplen la gravedad del exilio forzado.
Además, advierten que la impunidad, y en particular la impunidad transnacional, actúa como incentivo para nuevos ataques. Si aquellos que cometen agresiones saben que no enfrentarán consecuencias, aumenta el riesgo para todos los activistas exiliados.
Para contextualizar, otros países de la región que han enfrentado ataques similares contra activistas en exilio (como Chile o Brasil) han adoptado medidas como refugio diplomático, vigilancia comunitaria, y protocolos personalizados de protección para personas con amenazas concretas. Incorporar esas medidas podría fortalecer el esquema de protección colombiano.
Recomendaciones concretas incluyen:
- agilizar las investigaciones judiciales, estableciendo plazos transparentes y públicos;
- facilitar apoyo psicosocial y legal inmediato para las víctimas;
- reforzar la colaboración con organismos internacionales (ONU, CIDH) para seguimiento independiente;
- revisar y ajustar el programa de protección (UNP) para que esté certificado, adaptado a amenazas, y accesible a exiliados sin demora ni burocracia excesiva.
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