07 de Octubre del 2025.- A tres años de la entrada en vigor de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, el panorama en las calles de la capital parece haber empeorado en lugar de mejorar. Vecinos, activistas y expertos en urbanismo denuncian que la proliferación de anuncios ilegales ha aumentado, transformando un problema que antes se concentraba en las azoteas en una nueva crisis de saturación visual en los muros de los edificios. La ley, que buscaba limpiar el paisaje urbano, es señalada hoy por haber generado nuevas irregularidades y un descontrol en la supervisión de la publicidad.
La norma, publicada en junio de 2022, proponía un intercambio: las empresas retirarían de forma voluntaria sus costosos y peligrosos espectaculares de azotea y, a cambio, obtendrían permisos para instalar publicidad en muros ciegos. Sin embargo, lo que se diseñó como una solución se convirtió, según organizaciones civiles, en un nuevo dolor de cabeza. El activista Carlos Mendoza, de la asociación Paisaje Urbano sin Contaminación, afirma que la medida solo «cambió el problema de lugar», argumentando que la fiscalización por parte de las autoridades fue insuficiente para garantizar un cumplimiento ordenado.
Del Techo al Muro: Un Problema que Solo Cambió de Lugar
Asociaciones como Ciudad Libre de Publicidad Ilegal y Vecinas Unidas por un Medio Ambiente han documentado extensamente cómo esta nueva modalidad ha invadido el espacio público. En colonias como Roma y Juárez, la saturación de muros publicitarios es tal que en algunas calles es imposible apreciar las fachadas de los edificios, creando una sensación de privatización del paisaje urbano. Los activistas señalan que el origen del problema radica en una supervisión deficiente de los acuerdos, lo que permitió que muchas empresas fueran favorecidas sin cumplir con todos los requisitos establecidos.
Uno de los casos más citados como ejemplo de estas irregularidades involucra a la empresa Azteca Billboards, S.A. de C.V. Dicha compañía fue constituida justo después de la publicación de la ley y rápidamente obtuvo permisos para operar anuncios en ubicaciones privilegiadas de la alcaldía Cuauhtémoc. Estas asignaciones han levantado serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible discrecionalidad en los procesos durante la gestión de Inti Muñoz al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), dejando una sombra de duda sobre quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de la ley.
Cifras Oficiales Frente a la Persistente Queja Ciudadana
Aunque las autoridades defienden parcialmente la ley con cifras, el descontento ciudadano persiste. Según datos del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), desde 2022 se han retirado más de 9 mil toneladas de estructuras metálicas de las azoteas. No obstante, este esfuerzo contrasta con la realidad que viven los capitalinos, pues cientos de anuncios ilegales continúan operando sin registro ni autorización, muchos de ellos en zonas prohibidas o representando un riesgo para la seguridad de los peatones y automovilistas.
En respuesta a la creciente presión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una reforma al artículo 6 de la ley. Esta modificación busca frenar la discrecionalidad en la entrega de permisos y obliga a las autoridades a realizar revisiones periódicas de todos los anuncios exteriores. A pesar de este avance legislativo, los activistas se muestran escépticos y coinciden en que la ciudad todavía está muy lejos de alcanzar el objetivo de un paisaje urbano limpio y ordenado, y exigen acciones más contundentes para regular la publicidad exterior ilegal.
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