
5 AGOSTO 2025- NACIONAL- Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue ejecutado a plena luz del día tras un ataque directo en Reynosa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Hidalgo, cuando su camioneta incendiada quedó detenida frente al hotel Engrei. Hombres armados bloquearon avenidas y utilizaron una granada para hacer estallar el vehículo, obligando a Vázquez Reyna a detenerse. Al salir aturdido, pistoleros a bordo de otra camioneta le dispararon varias veces, provocando su muerte en plena calle. Todo fue captado por testigos, quienes describieron que su cuerpo quedó inerte sobre el pavimento, mientras la unidad continuó envuelta en llamas.
Violencia organizada y respuesta institucional
El delegado tenía años luchando contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que lo convertía en un blanco evidente de represalias. Pese a operar en territorio particularmente peligroso, su asesinato refleja el grado de impunidad y violencia que prevalece en zonas conflictivas. Inmediatamente després del ataque, las autoridades locales cerraron vialidades, instalaron bloqueos y reunieron evidencias; la investigación fue asumida por la FGR debido al carácter federal del funcionario asesinado.
Impacto en la seguridad regional
El ataque no solo se dirigió al funcionario, sino que afectó zonas cercanas como los puentes gemelos, el Bulevar del Maestro y el Parque Industrial del Norte. En al menos cuatro puntos de la ciudad se reportaron bloqueos, uso de ponchallantas y despojo vehicular de civiles ajenos al conflicto, evidenciando un modus operandi planificado de intimidación masiva.
Reacción y respaldo del gobierno estatal
El gobernador Américo Villarreal condenó el crimen y expresó su solidaridad con la familia del funcionario. En un mensaje institucional, aseguró que el gobierno de Tamaulipas colaborará con la FGR y el gobierno federal para esclarecer los hechos y buscar justicia, así como fortalecer la construcción de la paz en la región.

Esta ejecución representa un ataque directo a la capacidad institucional del país para combatir el crimen organizado. Expertos previenen que estos sucesos no solo debilitan a quienes enfrentan al crimen desde las instituciones, sino que sirven como mensaje de terror y control para desmovilizar a otros funcionarios. El reto aumentará si no se refuerzan estrategias integrales que incluyan protección personalizada a quienes investigan y coordinaciones interestatales.








