4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. Un trágico suceso ha conmocionado a Colombia. Dos militares resultaron gravemente heridos luego de ser atacados por un grupo de civiles con gasolina y fuego durante un operativo antinarcóticos en el departamento de Putumayo. El ataque, ocurrido cuando los uniformados intentaban destruir un laboratorio de cocaína, pone de manifiesto la creciente violencia contra la fuerza pública en zonas remotas del país. Según el Ejército, la agresión es responsabilidad de la guerrilla disidente conocida como Comandos de Frontera, que, aunque negocia la paz con el gobierno, sigue operando en la región.
El ataque a militares en Colombia se suma a una serie de incidentes que revelan la compleja crisis de seguridad que vive el país. Las autoridades señalan que la violencia de grupos criminales, que se lucran del narcotráfico y la extorsión, ha escalado al punto de que los uniformados enfrentan agresiones cada vez más frecuentes por parte de la población civil cooptada por estos grupos. El incidente, en el que un oficial y un soldado resultaron con quemaduras graves, ha provocado una fuerte reacción del Ministerio de Defensa, que ofrece una recompensa por la captura de los responsables.
Los Comandos de Frontera, los presuntos responsables
El Ejército colombiano ha denunciado a los Comandos de Frontera por el ataque, acusándolos de ser los autores de la agresión y de «constreñir a la población civil» para impedir el operativo. Este grupo, una disidencia de las FARC, opera en la frontera con Ecuador y se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sin avances significativos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció en X que los autores «no son ni campesinos, ni comunidades (…) Son criminales y narcos», y prometió una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
La violencia de los Comandos de Frontera no es un hecho aislado. En mayo, autoridades de Ecuador los señalaron como responsables de un ataque con fusiles y granadas en el que murieron 11 militares de ese país. Además, en febrero, la Fiscalía colombiana capturó al líder del grupo, Andrés Rojas, conocido como ‘el Araña’, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por el envío de cocaína. El ataque en Putumayo demuestra que, a pesar de las conversaciones de paz, el grupo sigue cometiendo actos de violencia con total impunidad.
La violencia contra la fuerza pública
El ataque a los militares es un grave recordatorio de la compleja situación de seguridad que enfrenta Colombia. Aunque se ha avanzado en la desarticulación de algunos grupos criminales, la violencia contra la fuerza pública es un problema persistente, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada. La cooptación de la población civil por parte de los grupos armados es un desafío adicional para las autoridades, ya que dificulta la labor de las tropas y pone en riesgo la vida de los uniformados.
La gravedad de las heridas de los militares, que resultaron con quemaduras de gravedad, ha generado indignación en la sociedad colombiana y ha puesto en evidencia la extrema brutalidad de los grupos criminales. La violencia contra militares es un reflejo de la crisis de seguridad que vive el país, que según cálculos de inteligencia militar, tiene unos 22 mil guerrilleros y narcotraficantes en armas, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos de América Latina para los uniformados y la población civil.
El «Fenómeno de Asonada» y la cooptación de comunidades
