20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Un total de 57 bienes inmuebles, que incluyen mansiones, fincas y terrenos, han sido confiscados por las autoridades en los últimos siete años a narcotraficantes, ex funcionarios y familiares de políticos. Este logro ha sido posible gracias a la Ley de Extinción de Dominio de 2019, que le ha dado a las autoridades «dientes legales» para asegurar propiedades de personas ligadas a procesos judiciales. Entre los bienes asegurados se encuentran casonas de capos como Joaquín «El Chapo» Guzmán y Rafael Caro Quintero, así como propiedades de la esposa de Emilio Lozoya y la hija de José Luis Abarca.
De acuerdo con una revisión de los edictos públicos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha incrementado el número de bienes asegurados año con año. De una sola propiedad en 2019, la cifra subió a 14 en 2022 y 2024. Estos procedimientos demuestran un esfuerzo constante por parte de las autoridades para perseguir el patrimonio de los delincuentes. Aunque la mayoría de los inmuebles pertenecen a ciudadanos desconocidos, la lista incluye al menos 15 propiedades de personajes de alto perfil.
Ubicaciones Estratégicas y el Uso de la Extinción de Dominio
Una revisión de las ubicaciones de los inmuebles confiscados revela un patrón interesante: el lugar donde más casas y terrenos han sido asegurados es Jalisco, particularmente en el municipio de Zapopan. Esta zona, conocida por sus fraccionamientos de lujo, es un terreno fértil para el lavado de dinero del crimen organizado. Las autoridades han logrado asegurar 15 inmuebles en esta zona, incluyendo propiedades en fraccionamientos exclusivos como Puerta de Hierro y en complejos residenciales con seguridad privada.
Además de Zapopan, la Ciudad de México y Sinaloa también destacan en la lista de aseguramientos. En la capital, se han asegurado cinco casas en distintas zonas, incluyendo un departamento de lujo en el Centro Histórico que pertenecía a un ex funcionario del SAT. Por su parte, en Sinaloa se han asegurado cinco propiedades, sobre todo en Culiacán, la capital del estado. Una de las más simbólicas es una casona que habría sido utilizada por la familia de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y que contaba con túneles para evadir a la justicia. Estos operativos demuestran que la extinción de dominio es una herramienta efectiva para golpear las finanzas del crimen organizado y la corrupción.
El Alcance de la Ley de Extinción de Dominio
Aunque la figura legal de la extinción de dominio ya existía en la legislación mexicana, la reforma de 2019 amplió los supuestos para aplicarla. Antes, solo se utilizaba para casos de delincuencia organizada, pero ahora también se puede aplicar a actos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de hidrocarburos o recursos de procedencia ilícita. Esta expansión le ha dado a las autoridades una herramienta más amplia para confiscar bienes cuyo origen no pueda ser acreditado.
La extinción de dominio se define como el instrumento jurídico que permite que una persona pierda el derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen es ilícito, o que son usados para cometer actos ilícitos. Una vez que un juez lo determina, los bienes pasan a ser propiedad del Estado. Desde la reforma de 2019, se han publicado edictos periódicamente para notificar sobre las propiedades que están sujetas a este juicio. Esto demuestra que el gobierno está utilizando de forma activa esta ley para perseguir los activos de la delincuencia.
El gobierno federal ha utilizado la extinción de dominio no solo para confiscar, sino también para subastar las propiedades de los criminales y destinar los recursos a programas sociales. Por ejemplo, la casa de «El Chapo» Guzmán en Culiacán, una de las propiedades más simbólicas aseguradas, fue subastada en 2019, y los fondos obtenidos se utilizaron para apoyar a comunidades vulnerables. Esta estrategia busca que los bienes de los criminales se conviertan en un beneficio para la sociedad, y no solo en un castigo para ellos.
