QUINTANA ROO – 21 DE OCTUBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. La Audiencia Nacional de España ha abierto el juicio oral contra el dueño de la empresa de seguridad española Undercover Global (UC Global), David Morales, por cargos graves de espionaje a Assange mientras el fundador de WikiLeaks estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Morales, junto a Michel Wallemacq, responsable de operaciones de la misma empresa gaditana, está acusado de liderar una sofisticada operación de recolección de información sensible entre 2015 y 2018.
La Maquinaria de Vigilancia Ilegal
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 13 años y 6 meses de cárcel para David Morales por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. Para el segundo acusado, Michel Wallemacq, el fiscal pide tres años y medio de prisión únicamente por descubrimiento y revelación de secretos. El escrito de acusación detalla cómo la seguridad de la legación diplomática ecuatoriana dependía de esta compañía española con sede en Cádiz, que, según las acusaciones, utilizó esta posición para crear una red de vigilancia a Assange.
El fiscal relata que, en 2017, David Morales ordenó la creación de una unidad de trabajadores en Jerez a los que se les encargó recolectar información dentro de la embajada. Con la ayuda de Wallemacq, Morales habría ordenado la instalación de nuevas cámaras de seguridad, ocultando su nueva capacidad para grabar audio de las conversaciones confidenciales de Assange. Esta función de audio no solo afectó al activista, sino a cualquier persona que se reuniera con él, incluyendo abogados, familiares y personalidades públicas, constituyendo un grave caso de espionaje ilegal.
Las Escuchas y la Retención de Teléfonos
La presunta maquinaria de espionaje a Assange iba mucho más allá de las escuchas. Se ha revelado que los empleados de UC Global en la embajada retenían los teléfonos de las personas que se reunían con el activista. Además de confiscar los dispositivos, los fotografiaban, capturando la tarjeta SIM, el número de IMEI e incluso mensajes. Entre los afectados por estas prácticas estarían el abogado Baltasar Garzón, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, e incluso exmandatarios de países latinoamericanos como Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Múgica, además de amigos reconocidos como la actriz Pamela Anderson.
El propio Julian Assange ha presentado un escrito de acusación solicitando penas más severas que la Fiscalía: 20 años y seis meses de prisión para Morales y cinco años para Wallemacq por la vigilancia a Assange. Otros perjudicados, como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, han presentado peticiones de pena similares, demostrando la gravedad y el alcance internacional de esta trama de espionaje. La figura de Assange es central, pues permaneció en la embajada desde 2012 hasta 2019, buscando esquivar las órdenes de arresto tras filtrar documentos clasificados de Estados Unidos.
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