23 JULIO 2025- INTERNACIONAL-El caso del ecuatoriano José Adolfo Macías, alias “Fito”, no solo sacudió a Ecuador por su historial criminal, sino que también ha encendido las alertas sobre el tráfico de armas de EE.UU. en América Latina. Extraditado recientemente a Nueva York, “Fito” enfrenta siete cargos, de los cuales tres están directamente relacionados con la compra y contrabando de armamento estadounidense para el uso de su organización criminal, Los Choneros. Las armas iban desde pistolas hasta rifles de asalto y granadas, todos utilizados para mantener su dominio en el narcotráfico.
Durante su primera audiencia en una corte de Brooklyn, Macías se declaró inocente. Sin embargo, las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. apuntan a una red bien organizada que movía armamento desde el norte del continente hasta Ecuador. Esta estructura clandestina se habría sostenido gracias a testaferros que compraban legalmente las armas en EE.UU. para luego enviarlas de forma ilegal al sur. Este “río de hierro”, como lo llaman expertos, ha contribuido al incremento dramático de la violencia en la región.
“Fito” no es un criminal cualquiera. Es un símbolo de cómo el crimen organizado se ha apoderado de partes del sistema penitenciario y político en Ecuador. Su fuga de prisión, los privilegios con los que contaba tras las rejas y sus vínculos con carteles mexicanos y europeos reflejan el nivel de corrupción e impunidad al que han llegado algunos países latinoamericanos. En solo cuatro años, Ecuador pasó de tener una de las tasas de homicidio más bajas de la región a ubicarse entre las más altas, y gran parte de estos crímenes se cometieron con armas de EE.UU..
El juicio contra Macías podría ofrecer información valiosa sobre cómo operan estas redes de tráfico. Especialistas, como Carla Álvarez y Katherine Aguirre, insisten en que el flujo constante de armas de EE.UU. a Latinoamérica no es una coincidencia, sino resultado de políticas laxas en el control de venta de armas y una débil cooperación internacional. Estados Unidos es la principal fuente de armamento recuperado en crímenes en países como México, Brasil y Ecuador, lo que evidencia la magnitud del problema.
Este caso expone otra arista crítica: la falta de respuesta política regional. A diferencia de México, que intentó demandar a fabricantes de armas en EE.UU., otros países como Ecuador parecen no tener aún la voluntad política de actuar con la misma firmeza. Mientras no se tomen medidas coordinadas, como acuerdos internacionales de control y trazabilidad de armamento, este tipo de redes seguirá operando con impunidad, alimentando el círculo vicioso entre crimen organizado, violencia y corrupción.
El caso “Fito” también pone sobre la mesa la responsabilidad compartida: no basta con señalar a los criminales que usan las armas, sino también a quienes permiten su libre circulación. Si EE.UU. realmente quiere ser parte de la solución, debe revisar cómo sus políticas internas están alimentando el problema afuera. La región ya no puede seguir siendo víctima de un sistema que arma al crimen con la misma facilidad con la que castiga a los más pobres.
