Chetumal, Quintana Roo, 25 de septiembre de 2025.- La XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo ha dado un paso trascendental al aprobar la minuta de reforma a la Constitución Federal en materia de extorsión. Esta acción legislativa es un respaldo directo a la iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y se enfoca en uno de los crímenes que más daño y temor genera entre las familias y negocios de todo el país. La votación contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, demostrando un compromiso compartido con la seguridad y la construcción de un ambiente de paz.
Quintana Roo, Pionero Contra la Extorsión
Con esta aprobación, el Congreso de Quintana Roo se posiciona como uno de los primeros estados de la nación en dar luz verde a esta reforma constitucional clave. Este rápido y decidido movimiento forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyo propósito principal es robustecer las herramientas legales para prevenir y proteger eficazmente a la ciudadanía de este delito. La XVIII Legislatura ha dejado claro que la lucha contra la extorsión es una prioridad absoluta, entendiendo que este flagelo no solo afecta el patrimonio, sino también la tranquilidad y el desarrollo económico de los quintanarroenses.
El objetivo central de la reforma es crucial: facultar al Congreso de la Unión para que pueda emitir la Ley General contra la Extorsión. Esta nueva ley de carácter nacional permitirá que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, eliminando la necesidad de una denuncia de parte y agilizando la actuación de las autoridades. Además, esta legislación buscará homologar las penalidades y los agravantes aplicables a la extorsión en todo el territorio mexicano, lo que garantizará una justicia más uniforme y contundente sin importar en qué estado se cometa el crimen.
Fortalecimiento Federal y Nuevo Panorama de la Seguridad
Esta reforma constitucional tiene un impacto directo en el esquema de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Al facultar a la Federación para expedir una ley general, se fortalecerá notablemente la cooperación entre las autoridades federales y las estatales en el combate a la extorsión. Esto significa que las estrategias, los recursos y la inteligencia para enfrentar a los grupos criminales que se dedican a esta actividad podrán compartirse y ejecutarse de forma más eficiente y coordinada, creando un frente más sólido contra la delincuencia.
La aprobación de esta reforma por parte de Quintana Roo no es solo un trámite legal, sino un mensaje contundente de la voluntad política del estado de participar activamente en el diseño de un nuevo panorama de la seguridad. Al homologar las sanciones y facultar la persecución de oficio, se establece un marco legal mucho más riguroso para castigar a quienes intentan lucrar mediante la amenaza y la intimidación. Esta medida es un avance histórico en la protección del patrimonio y la vida de las familias mexicanas y, por supuesto, de las quintanarroenses.
El Impacto de la Extorsión y la Necesidad de la Reforma
Para entender la magnitud de esta aprobación, es esencial considerar que la extorsión no solo incluye llamadas telefónicas o amenazas directas, sino también el llamado «cobro de piso», una práctica que asfixia a pequeños, medianos y grandes negocios. Estadísticas recientes a nivel nacional han mostrado que, a pesar de los esfuerzos, la extorsión es uno de los delitos que más ha afectado al sector empresarial y de servicios, erosionando la confianza y la inversión. Por lo tanto, el hecho de que la reforma busque homologar penas y establecer la persecución de oficio es vital, ya que elimina barreras burocráticas y disuade a los criminales al garantizarles una respuesta penal más severa y estandarizada en cualquier lugar del país.
Esta nueva facultad federal no solo mejora la capacidad punitiva, sino que también permite el desarrollo de protocolos de atención a víctimas y estrategias de prevención con visión nacional. Al perseguir la extorsión de oficio, las autoridades podrán intervenir sin que la víctima, a menudo aterrorizada, tenga que exponerse al presentar una denuncia formal. Este es un cambio de paradigma fundamental para combatir la impunidad y avanzar en la construcción de paz y tranquilidad que tanto anhelan las familias de Quintana Roo.
