21 de Agosto 2025.- La polémica en el Senado continúa creciendo luego de que Ricardo Anaya Cortés, legislador del PAN, pidiera cuentas claras al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. El tema que detonó la discusión fue un reportaje que reveló la existencia de asesores con sueldos elevados que no aparecen en los registros oficiales. Para Anaya, el problema no es menor: se trata del dinero público y del derecho ciudadano a saber cómo se gasta.
La investigación, realizada por la periodista Leticia Robles, mostró que al menos 13 personas ligadas a la presidencia del Senado reciben salarios altos, en puestos como secretario técnico y coordinadora de asesores. Sin embargo, no todos figuran en la nómina oficial. Este hallazgo provocó cuestionamientos sobre la opacidad en el manejo de los recursos de la Cámara Alta, donde cada mes se destinan más de un millón de pesos a salarios y subvenciones de la Mesa Directiva.
Transparencia en el Senado bajo la lupa
En respuesta, Anaya solicitó que se publiquen de manera clara los salarios de cada colaborador. Durante un encuentro con medios, aseguró que, en su caso, solo cuenta con un secretario técnico que gana alrededor de 60 mil pesos netos mensuales, cifra que corresponde a lo establecido en la normatividad interna del Senado. El panista rechazó tener asesores con sueldos fuera de lo común o colaboradores ocultos en nóminas paralelas.
Además, lanzó un llamado abierto a todos los legisladores para que transparenten no solo la identidad de sus equipos, sino también las funciones que cumplen. Argumentó que la confianza en las instituciones solo se fortalece con información clara y accesible para la ciudadanía. “Que se sepa quién trabaja en el Senado y cuánto gana, eso es lo mínimo que merecen los mexicanos”, recalcó.
El caso Fernández Noroña y sus repercusiones políticas
El señalamiento contra Fernández Noroña no solo implica un debate administrativo, sino también político. La oposición ve en este tema un ejemplo de cómo la falta de transparencia mina la credibilidad de los órganos legislativos. Por su parte, Noroña ha defendido a sus colaboradores, aunque no ha ofrecido hasta ahora un desglose completo de los salarios cuestionados. La presión aumenta conforme la ciudadanía exige más claridad en los gastos del Senado.
Es importante destacar que el gasto en asesores no es un tema nuevo. En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido sobre la falta de controles en los recursos destinados al personal legislativo. Incluso, en legislaturas pasadas se detectó que algunos asesores recibían hasta el doble de lo que establece la normatividad, sin reportar funciones claras. Este patrón refuerza la urgencia de establecer un sistema digital de acceso público donde cualquier ciudadano pueda consultar la nómina del Senado en tiempo real.
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