27 de Agosto 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha emitido una contundente declaración en la que asegura que su gobierno no encubrirá a nadie, incluidos políticos, funcionarios o miembros de las fuerzas armadas, que estén vinculados con el crimen organizado. Esta afirmación surge en respuesta a las recientes declaraciones de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos. La postura presidencial es clara: la lucha contra la corrupción y la delincuencia será implacable, sin importar el nivel de poder que ostenten los involucrados. A pesar de esta firmeza, la mandataria señaló que, hasta el momento, no existen pruebas contundentes en México que señalen a funcionarios de alto nivel.
Investigación y Transparencia en la Lucha Contra el Crimen
La jefa del Ejecutivo reiteró su compromiso de no establecer relaciones de contubernio con ninguna organización delictiva. «Si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público, ligado al crimen organizado, se presenta la denuncia y se hace la investigación», puntualizó. Sheinbaum Pardo enfatizó que cualquier acto de corrupción o soborno relacionado con la seguridad será perseguido. Esta posición refuerza la idea de una administración que busca la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus niveles, incluso cuando se trata de enfrentar los tentáculos del crimen organizado que históricamente han penetrado las estructuras del poder en el país.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respaldó las palabras de la presidenta, señalando que los señalamientos en el país se han limitado a policías locales. Hasta ahora, según el secretario, no se han encontrado militares o marinos implicados en delitos de alto impacto. Sin embargo, ambos funcionarios mantuvieron la puerta abierta a futuras investigaciones. La coordinación entre las diferentes instancias de seguridad es crucial para desenmascarar cualquier red de corrupción y asegurar que la justicia prevalezca, sin importar cuán profundo esté arraigado el problema en las instituciones mexicanas.
La presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch sostienen que la estrategia de seguridad se basa en la inteligencia y en la colaboración interinstitucional para desarticular las redes criminales. Este enfoque no solo busca la detención de líderes, sino también la destrucción de sus estructuras financieras y políticas que les permiten operar con impunidad. Es una batalla frontal que requiere de un compromiso inquebrantable y de la voluntad política para no ceder ante las presiones o amenazas del crimen organizado.
Afectación a las Autoridades Locales
El secretario García Harfuch fue enfático al mencionar que las detenciones e involucramientos por parte del gobierno han sido principalmente en policías estatales y municipales. Esta afirmación sugiere que, si bien la corrupción y la infiltración del crimen organizado son un problema, su manifestación más visible y comprobable se da en los niveles de gobierno más cercanos a la población. Es aquí donde el contubernio con el crimen organizado resulta más palpable, afectando directamente la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. Este fenómeno subraya la necesidad de fortalecer y depurar las corporaciones locales, que a menudo carecen de los recursos y la capacitación para resistir la cooptación.
La estrategia de seguridad del gobierno federal también implica un trabajo de depuración y fortalecimiento en los cuerpos policiales locales, que son la primera línea de defensa contra la delincuencia. La lucha contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado no puede ser solo una tarea del gobierno central; requiere de un compromiso coordinado y de la capacitación de todas las instituciones de seguridad a nivel nacional. La lucha contra el crimen organizado es un desafío multidimensional que exige un enfoque integral y una vigilancia constante para proteger la integridad de las instituciones del Estado.
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