31 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo ha lanzado una seria advertencia sobre una red de corrupción y violencia que afecta directamente la salud de los poblanos. Según denunció el legislador, existen al menos diez grupos de choque que operan con armas de fuego para controlar la extracción ilegal de líquido en zonas cercanas a la presa Manuel Ávila Camacho. Estas agrupaciones se dedican a la comercialización de pipas con agua en Puebla sin contar con ningún tipo de permiso oficial, operando principalmente en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan y la zona de Arenillas.
Lo más preocupante de esta situación es que los pozos de donde se extrae el recurso se encuentran a menos de seis metros del vaso de la presa, un lugar conocido por sus altos niveles de polución. Estos grupos, apodados como los «huachicoleros del agua», aprovechan la escasez en la ciudad para vender cada carga hasta en mil pesos, lucrando con la necesidad de la gente. El suministro de agua mediante pipas en Puebla por parte de estos delincuentes representa un riesgo sanitario mayor, ya que se sospecha que el líquido está cargado con residuos peligrosos.
Riesgos para la salud y falta de operativos
Especialistas de la Universidad Iberoamericana y de la BUAP han coincidido en que la cercanía de los pozos con la presa Valsequillo facilita la filtración de sustancias nocivas. Entre los contaminantes más probables se encuentran metales pesados y bacterias coliformes, los cuales pueden provocar enfermedades graves en quienes consumen este recurso en sus hogares o negocios. La distribución de agua contaminada en Puebla es una realidad que afecta a las colonias donde el servicio oficial es deficiente, obligando a los ciudadanos a comprar a estos proveedores clandestinos.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha manifestado que tiene identificados a estos grupos violentos, pero se ha visto superada en capacidad operativa. Para poder realizar las clausuras de los pozos ilegales, la dependencia federal requiere urgentemente del acompañamiento de la Guardia Nacional debido a que los piperos portan armamento. Esta venta ilegal de agua en Puebla no ha podido ser frenada precisamente por el uso de la fuerza y la violencia que los grupos criminales ejercen en las zonas de extracción.
Urgencia de reformas legales e intervención judicial
El diputado Carvajal señaló que, aunque la nueva Ley General de Aguas ofrece algunas herramientas para regular el mercado, es necesaria una intervención más profunda de la Fiscalía General del Estado. Al tratarse de bandas armadas, el problema escala de una falta administrativa a la constitución de delitos graves que deben ser investigados bajo una óptica criminal. La explotación clandestina de agua en Puebla ocurre a la vista de todos en barrios como San Antonio Arenillas y Santa Clara La Venta, sin que hasta ahora haya detenidos.
Finalmente, activistas locales como Blanca Justo Cortés han denunciado que este mercado negro crece ante el servicio deficiente de empresas concesionarias. El círculo vicioso de falta de red pública y presencia de grupos armados deja a la población vulnerable ante el consumo de un líquido de dudosa calidad. La exigencia es clara: se necesita mayor personal para Conagua y una estrategia de seguridad que detenga la comercialización ilícita de agua en Puebla antes de que se desate una crisis de salud pública de dimensiones mayores.
El peligro invisible de los metales pesados
