El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ha emitido una alerta pública de suma importancia tras detectar la existencia de perfiles fraudulentos en redes sociales que están utilizando su nombre y su imagen. El objetivo de la suplantación de identidad es claramente delictivo: utilizar la investidura de la más alta autoridad judicial para llevar a cabo actos de extorsión. Esta grave situación pone en riesgo la seguridad y la confianza de los ciudadanos y de quienes se relacionan con el sistema de justicia.
El magistrado Aguilar informó que las cuentas apócrifas han sido creadas en diversas plataformas digitales. Estos perfiles falsos imitan de forma engañosa la identidad y la comunicación que un alto funcionario judicial mantendría, buscando así generar credibilidad entre sus posibles víctimas. El hecho de que se esté suplantando la identidad de un funcionario de este nivel subraya la sofisticación de los grupos delictivos que operan en el entorno digital.
Mecanismo de Extorsión y Advertencia de Seguridad
Según la denuncia del presidente de la Corte, el principal uso que se le está dando a esta suplantación de identidad es la extorsión. Los delincuentes se hacen pasar por él para contactar a personas, posiblemente litigantes, funcionarios o ciudadanos con asuntos pendientes en la Corte, exigiendo dinero a cambio de supuestos favores o resoluciones judiciales. Esta alerta busca proteger a la ciudadanía de caer en esta trampa y evitar ser víctimas de fraude.
Hugo Aguilar fue enfático al solicitar a la población que extreme precauciones y que desconfíe de cualquier solicitud de dinero o información sensible que provenga de cuentas que se identifiquen como suyas en redes sociales. El presidente de la Corte recalcó que las comunicaciones oficiales de la institución se realizan a través de canales plenamente verificados y que ningún funcionario de la Corte solicita pagos o sobornos por medio de redes sociales para influir en procesos judiciales. La identidad real del funcionario está siendo utilizada para un fin criminal.
El delito de suplantación de identidad, especialmente cuando involucra a altos funcionarios públicos, es una estrategia cada vez más común de la delincuencia organizada que busca no solo obtener beneficios económicos mediante la extorsión, sino también minar la credibilidad de las instituciones del Estado. Ante esta alerta, la Corte no solo debe denunciar penalmente los hechos para que las plataformas eliminen las cuentas falsas, sino que también debe coordinarse con la policía cibernética para rastrear la ubicación de los extorsionadores. Este incidente debería impulsar a las instituciones judiciales a lanzar campañas educativas sobre ciberseguridad para proteger tanto a sus funcionarios como a los usuarios del sistema de justicia de estos delitos de identidad digital.
