31-Julio-2025.-La situación para los albañiles en Cancún se ha vuelto cada vez más complicada, pues además de enfrentar bajos sueldos y largas jornadas de trabajo, ahora aseguran ser víctimas de extorsiones por parte de policías y del crimen organizado. De acuerdo con testimonios, las “cuotas” que deben pagar llegan a los 500 pesos semanales, especialmente los fines de semana, cuando reciben su salario, lo que ha generado temor entre los trabajadores del sector.
Extorsión en las obras de construcción
Arsenio Flora, Silvio Chan Balam y José Martínez, trabajadores provenientes de comunidades de Yucatán, denunciaron que las amenazas son constantes y que quienes no pagan reciben advertencias directas, incluso de violencia. Relataron que en las obras donde laboran también padecen pagos incompletos y jornadas de hasta 12 horas diarias, lo que, sumado a la inseguridad, convierte su trabajo en un verdadero riesgo.
Los obreros señalaron que en el pasado Cancún era un destino seguro para ejercer su oficio, pero ahora la presencia del crimen organizado ha cambiado totalmente el panorama. Chan Balam, quien lleva más de 30 años trabajando en el municipio, recordó que antes podían trabajar en la construcción de casas, hoteles y centros comerciales sin preocuparse por su seguridad, pero en los últimos años los delitos se han multiplicado y, para colmo, algunos policías también participan en estas prácticas de cobro ilegal.
Migración y caída en la demanda laboral
A la difícil situación se suma la llegada de migrantes de Centroamérica, quienes, según los denunciantes, aceptan trabajos por salarios más bajos, afectando la contratación de los obreros locales. Esta competencia desleal ha provocado una reducción en las oportunidades de empleo y un aumento en la explotación, agravando la precariedad en el sector de la construcción en Quintana Roo.
El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Gasolineras y Comercio reconoció que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las obras de la región, imponiendo cuotas a los albañiles y generando un ambiente de miedo. En 2024, las autoridades detuvieron a una banda de ocho personas, incluidos menores de edad, vinculados a estas prácticas, lo que evidenció la gravedad del problema.
