La política migratoria de Estados Unidos vuelve a estar bajo escrutinio internacional. Al menos 12 mexicanos han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el contexto del endurecimiento de medidas impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.
El dato, que ha encendido alertas en México, refleja un incremento preocupante en las muertes de migrantes detenidos en centros migratorios estadounidenses, donde organizaciones y autoridades han denunciado condiciones deficientes, falta de atención médica y posibles violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con información oficial y reportes recientes, los fallecimientos no son casos aislados. Tan solo en 2025, el número de muertes bajo custodia del ICE alcanzó cifras récord en las últimas dos décadas, con decenas de víctimas de distintas nacionalidades, entre ellas varios mexicanos.
La situación se ha agravado en 2026. En lo que va del año, ya se han reportado múltiples muertes adicionales, incluyendo la de un joven mexicano de 19 años, considerado uno de los casos más recientes y alarmantes. Este fallecimiento se suma a una lista creciente que ha provocado indignación y exigencias de justicia por parte del gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado estos hechos como “inaceptables” y ha exigido investigaciones exhaustivas, además de reforzar la presión diplomática para esclarecer las condiciones en las que murieron los connacionales.
Diversos informes apuntan a que muchas de estas muertes podrían haberse evitado con atención médica oportuna y mejores condiciones de detención. Expertos y organizaciones civiles advierten que el sistema migratorio estadounidense enfrenta una crisis estructural, agravada por el aumento en detenciones y la saturación de centros.
El tema no solo ha tensado la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino que también ha reavivado el debate global sobre el trato a migrantes, los límites de las políticas de seguridad fronteriza y la responsabilidad de los gobiernos en la protección de los derechos humanos.
