Al menos 208 comunicadores nicaragüenses se han marchado del país al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, según un informe divulgado por la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia.
En el informe, titulado “Cárcel, censura y exilio: la receta aplicada por Ortega en contra de la prensa independiente en Nicaragua“, esos organismos indicaron que al menos 23 profesionales de la comunicación se vieron obligados a exiliarse entre abril y junio de 2023.
Esos 23 comunicadores abandonaron su país “como consecuencia del hostigamiento, amenazas de encarcelamiento y agresiones de las que eran víctimas en su mayoría por agentes policiales”, explicaron en el informe.
Con esas 23 personas, se elevan a al menos 208 los comunicadores, entre periodistas y otros trabajadores de medios, que se han exiliado entre abril de 2018 y el primer semestre de 2023, de acuerdo con ese estudio.
Costa Rica, con 112 periodistas nicaragüenses, es el país que más acoge a los profesionales de la comunicación de Nicaragua, seguido de Estados Unidos y España.
En su informe, Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia también alertaron que en tres de los 17 departamentos/regiones que conforman Nicaragua “no existe práctica periodística independiente“, lo que fue tildado de “catastrófico”.
Además, de los periodistas que continúan ejerciendo la profesión dentro de Nicaragua, la mayoría lo hace desde la “clandestinidad, otros han tenido que dedicarse a emprender en pequeños negocios, y un número reducido sobreviven en medios radiales y televisivos en programas de “bajo perfil” o de poca audiencia.
“La judicialización de la práctica periodística en el país continúa, uno de los nuevos patrones es la detención ilegal de periodistas, apertura de juicios exprés, y luego la presentación diaria ante las delegaciones de policía de su localidad”, denunciaron.
Durante el segundo trimestre de este año, esos organismos “emitieron un total de 15 alertas que se tradujeron a 18 casos de violaciones a la libertad de prensa”, que recayeron en 13 periodistas.
Por otro lado, esos organismos advirtieron que “los pocos medios de comunicación independientes que aún operan en el país en su formato tradicional han sido obligados a modificar o ajustar su programación”.
“En unos casos han adoptado un enfoque más comercial, y otros donde todavía -se presentan noticieros- evitan abordar temas del contexto sociopolítico, evaluación de políticas públicas, o en su defecto la denuncia de casos de violaciones a derechos humanos”, señalaron.
Según el informe, ese tipo de contenido ha sido sustituido por noticias de suceso, farándula, temas internacionales, efemérides culturales, asuntos religiosos e incluso por contenido “neutro” facilitado por el Gobierno como la ejecución de proyectos de adoquinado, remodelación de parques, entre otras temáticas similares.
A pesar de que la cobertura de sucesos es una de las temáticas que de alguna manera pueden ser publicados sin mayores consecuencias, los organismos aseguraron que recibieron reportes de periodistas “a los que en el interior del país se les ha negado su derecho a cubrir este tipo de noticias”.
“Los afectados han señalado que mientras a ellos les niegan la oportunidad de brindar cobertura a estos hechos y hacer recursos (imágenes, videos) y entrevistas a sus colegas de medios oficialistas, la Policía Nacional hasta protección les brinda”, anotaron.
Con información de EFE
