1 DE OCTUBRE DEL 2025 – LOCAL. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha lanzado una seria advertencia: la concesionaria Aguakan dejó de invertir más de 5 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica y sanitaria en Cancún durante los últimos cinco años. Este incumplimiento de la empresa ha provocado un severo rezago en las redes de agua potable y drenaje en toda la zona norte de Quintana Roo, afectando directamente la calidad de vida de miles de ciudadanos. La falta de inversión no solo se traduce en servicios deficientes, sino que ha exacerbado la disputa legal por la posible revocación de su concesión.
Fraccionamientos sin Drenaje por Falta de Inversión
Hugo Federico Garza Sáenz, director de CAPA, detalló que el incumplimiento de Aguakan se manifiesta en numerosas colonias y fraccionamientos que han crecido rápidamente, pero que aún carecen de una red de drenaje o sufren de graves deficiencias en el servicio. Un ejemplo concreto es el residencial Álamos, sobre la avenida Huayacán, una zona de alto desarrollo en Cancún que, increíblemente, no cuenta con red de alcantarillado. Este rezago es la base de los procesos legales que se ventilan en el Tribunal y la razón por la que se debate la posibilidad de revocar la concesión.
El funcionario explicó que el título de concesión obliga a Aguakan a ejecutar un plan quinquenal de obras para anticipar el crecimiento urbano y garantizar la cobertura futura. Sin embargo, en un claro incumplimiento de la empresa, han sido los propios desarrolladores inmobiliarios quienes han tenido que asumir la construcción de la infraestructura para poder comercializar sus proyectos. CAPA, como organismo regulador, realiza evaluaciones anuales de cobertura y gestión y, al detectar estas anomalías, aplica las sanciones y procesos legales correspondientes. «No vamos a claudicar en hacerlos cumplir, porque los rezagos no solo afectan a los ciudadanos, también representan riesgos ambientales por falta de drenaje y tratamiento adecuado de las aguas residuales», afirmó Garza Sáenz.
La problemática de la falta de inversión se entrelaza íntimamente con la disputa legal que existe entre el Gobierno de Quintana Roo y la concesionaria. El 15 de abril, el Juzgado Octavo de Distrito le negó un amparo a Aguakan y validó los argumentos de los legisladores locales para revocar su concesión en los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Entre las causas legales señaladas destacan los incumplimientos contractuales y las violaciones al derecho a un medio ambiente sano, causadas por derrames de aguas negras y la falta de modernización de la red de drenaje.
A pesar de que Aguakan mantiene una suspensión definitiva otorgada en enero de 2024, el caso sigue su curso en tribunales federales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el asunto en septiembre, devolviendo la responsabilidad de la resolución a los juzgados de Quintana Roo. Mientras tanto, CAPA reporta que, aunque la cobertura de agua potable en el estado es alta (97%), la cobertura de drenaje sanitario solo alcanza el 78%. El desafío técnico principal en la zona sigue siendo la dureza del agua que complica su tratamiento, sumado a las intermitencias eléctricas que pueden paralizar el servicio por horas.
Además de la grave situación en Cancún y el rezago en drenaje, Quintana Roo ha hecho esfuerzos en el tratamiento de aguas residuales, un punto clave para la salud ambiental de la península. El estado opera 30 plantas de tratamiento con una capacidad instalada superior a los 3,000 litros por segundo. Sin embargo, la mayor parte de esta capacidad se utiliza en zonas fuera de la concesión, mientras que la falta de inversión de Aguakan en Cancún compromete la eficiencia del tratamiento en la zona más poblada. Un ejemplo de inversión estatal reciente y contrastante es la planta San Miguelito en Cozumel, donde se invirtieron más de 113 millones de pesos para duplicar su capacidad, demostrando que la capacidad de inversión y gestión sí existe cuando hay voluntad política y cumplimiento.
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