AGEPRO protege el patrimonio inmobiliario del estado y de particulares

-Solicita a Notarios Públicos verificar con AGEPRO la autenticidad de títulos emitidos por instituciones estatales o federales antes de realizar escrituras públicas

Chetumal.- A fin de proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses y seguir cerrando las brechas de desigualdad, la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO) invita a los notarios públicos del Estado a verificar la autenticidad de los títulos de propiedad en esta dependencia antes de realizar la escrituración de propiedades, toda vez que se han detectado actividades fraudulentas en este sentido.

Al respecto, el director general de la AGEPRO, José Alberto Alonso Ovando informó que ya se están tomando cartas en el asunto, esto en concordancia con el compromiso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa de brindar certeza jurídica con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo a las y los quintanarroenses.

Cabe mencionar que la misión de la AGEPRO es la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal, así como la constitución, administración y disposición estratégica de las reservas territoriales del dominio privado del estado y las Asociaciones Público-Privadas.

“Durante el ejercicio de nuestras actividades, hemos identificado la utilización de títulos falsos supuestamente emitidos por diversas entidades gubernamentales, tales como Catastro, INVIQROO, INFOVIR, SEDETUS, IPAE, AGEPRO a nivel estatal, y SEDATU a nivel federal, en los municipios de Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar y Benito Juárez”, dijo Alonso Ovando.

Explicó que estos títulos fraudulentos han sido inscritos en administraciones gubernamentales anteriores en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y posteriormente se obtuvieron cédulas catastrales y otros documentos legales que les confieren una apariencia de autenticidad, lo que genera incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, afectando la competitividad del Estado y el patrimonio público y de particulares.