9 JUNIO 2025. Una escena se está volviendo común en muchas ciudades de Estados Unidos: agentes enmascarados de ICE detienen a inmigrantes sin identificarse ni dar explicación. Las imágenes circulan por redes sociales y muestran cómo estos funcionarios, sin uniforme, abordan personas en la vía pública o incluso en sus vehículos, causando miedo e indignación entre quienes presencian los arrestos.
La polémica gira en torno a la práctica de cubrirse el rostro, que ha sido adoptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las redadas. En ciudades como Nueva York, San Diego y Boston, testigos denuncian que estos arrestos se realizan sin orden judicial ni notificación previa, incluso en juzgados donde los migrantes asisten a sus citas migratorias.
El congresista Dan Goldman comparó estas acciones con tácticas propias de regímenes autoritarios, como la Alemania nazi. “Esto es comportamiento de Gestapo”, dijo, y señaló que no se trata de controlar la frontera, sino de una campaña impulsada por el “supremacismo blanco” para expulsar a la mayor cantidad posible de extranjeros.
Las críticas se han intensificado tras casos como el de la estudiante turca Rümeysa Öztürk, quien fue detenida sin cargos ni pruebas y pasó seis semanas encarcelada. O el del joven venezolano Dylan, arrestado en medio de su audiencia de asilo. Las historias se repiten con un patrón común: agentes enmascarados de ICE actuando sin transparencia ni protocolos claros.
Desde la agencia, su director en funciones, Todd Lyons, defiende el uso de máscaras alegando riesgos para la seguridad de los agentes y sus familias. Según ICE, la exposición en redes sociales los convierte en blancos de amenazas. Pero grupos de derechos civiles insisten en que esta práctica viola los principios constitucionales de identificación y rendición de cuentas.
Las quejas ya han llegado a instancias legales. Abogados por los Derechos Civiles han denunciado detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza. Mientras tanto, estados como California han anunciado que demandarán al gobierno de Trump por estas medidas, que consideran ilegales y peligrosas para la democracia. La polémica sigue creciendo y el país se divide cada vez más ante esta ofensiva migratoria.
