30 DE JULIO-El nombre de Adán Augusto López vuelve a colocarse en el centro de la polémica, luego de revelarse que durante su gestión como gobernador de Tabasco no solo designó a Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder de la célula criminal La Barredora, sino también a José del Carmen Castillo Ramírez, conocido como “La Rana”, señalado como segundo al mando de la misma organización, considerada una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con informes confidenciales del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército, en agosto de 2022 tanto Bermúdez Requena como Castillo Ramírez fueron ubicados como operadores claves de La Barredora, encargados de facilitar protección institucional y el control del territorio. Los reportes también señalan que Castillo Ramírez utilizó su posición como mando en la Policía Estatal para dar soporte a esta organización delictiva.
Nombramientos cuestionados
El caso de Adán Augusto López ha sido señalado por analistas como un ejemplo del riesgo que representan los nombramientos sin procesos de verificación más estrictos, especialmente en áreas de seguridad. Castillo Ramírez fue designado como comisionado en 2019, permaneciendo durante años en la estructura de mando, aun cuando existían alertas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El nombramiento de Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública también estuvo rodeado de cuestionamientos, pues informes de inteligencia ya lo colocaban como jefe operativo de La Barredora. Ambos casos reflejan la falta de controles efectivos en la designación de altos mandos, lo que abre la puerta a la infiltración del crimen en instituciones clave.
Un problema estructural que exige respuestas
Más allá de las acusaciones contra los funcionarios, este caso evidencia una falla de fondo: la insuficiente depuración de cuerpos policiales y la falta de mecanismos de evaluación que prevengan que presuntos delincuentes ocupen cargos estratégicos. Expertos en seguridad advierten que estas filtraciones fortalecen a grupos delictivos al otorgarles protección institucional y acceso a información sensible
Esta revelación es que pone sobre la mesa la necesidad urgente de establecer protocolos más rigurosos en la selección y evaluación de mandos en áreas de seguridad pública. Además, plantea el reto para las autoridades federales y estatales de esclarecer si hubo omisión o complicidad en estos nombramientos, y de garantizar que este tipo de casos no se repitan en el futuro.
En un contexto donde Tabasco enfrentaba altos índices de violencia y presencia de grupos criminales, la designación de personajes como “La Rana” y Bermúdez Requena cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad implementadas. Aún falta que las fiscalías avancen en las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de estas presuntas infiltraciones en las instituciones tabasqueñas.
