CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un exfiscal y encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, el capitán de Justicia Militar retirado, Germán Reyes Reyes, fue acusado del delito de homicidio calificado contra el alcalde de la capital de Guerrero, por la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
El arresto resulta impactante porque previamente los funcionarios habían culpado del asesinato a una banda dedicada al tráfico de drogas y extorsión, y Reyes había sido empleado anteriormente como fiscal especial para el estado de Guerrero, un puesto de alto nivel.
La implicación era que Reyes —un exmilitar que según su currículum oficial se retiró con el rango de capitán en el sistema de justicia militar— había trabajado de alguna manera en colusión con la banda.
Eso dejaría entrever que al menos una de las dos bandas que luchan por el control de Chilpancingo controla, intimida o trabaja con funcionarios de allí.
Si Reyes es declarado culpable, también sería un duro golpe para una política adoptada por ciudades en todo México de contratar a oficiales militares retirados para los principales puestos en la policía local, bajo el supuesto de que son menos propensos a la corrupción.
También fue revelador que los detectives estatales tuvieran que depender de fuerzas federales —soldados y la Guardia Nacional— para realizar el arresto, lo que indica que posiblemente no confiaban en la policía estatal y local que normalmente llevaría al cabo tales tareas de seguridad.
No estaba claro qué título tenía Reyes en la fuerza de seguridad municipal de Chilpancingo, o si sirvió tanto bajo Arcos como bajo el alcalde interino que asumió el cargo tras el asesinato.
El principal funcionario de seguridad federal de México, Omar García Harfuch, había dicho el martes que Arcos —el alcalde cuyo cuerpo fue encontrado en una camioneta, con la cabeza decapitada colocada sobre el techo del vehículo— fue aparentemente asesinado por la misma banda responsable de matar a 11 vendedores de mercado, incluidos cuatro niños, la semana pasada.
Aunque ni Harfuch ni los fiscales estatales nombraron a la banda, un activista local de derechos humanos dijo que los Ardillos fueron responsables de matar a los vendedores de mercado.
El activista, quien no quiso ser citado por miedo a represalias, dijo que la banda de los Ardillos controlaba grandes partes del estado y tenía legisladores estatales y otros funcionarios trabajando para ellos.
