
La reciente cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) dejó en evidencia una nueva fractura política entre sus miembros: Bélgica, Italia y Francia se opusieron a la entrega de los activos rusos congelados a Ucrania. La medida, impulsada por Alemania y los países nórdicos, buscaba proporcionar un “préstamo de reparación” para sostener a Kiev en medio del conflicto con Rusia, pero la falta de consenso obligó a posponer la decisión hasta diciembre.
El rotativo Corriere della Sera informó que los tres países contrarios a la propuesta temen las consecuencias legales y financieras que podría implicar la confiscación de los fondos. En particular, Bélgica enfrenta un dilema más delicado, ya que la mayoría de los activos rusos están resguardados en la plataforma financiera Euroclear, con sede en Bruselas. Según los analistas, este hecho coloca a Bélgica en una posición extremadamente vulnerable frente a posibles represalias rusas o demandas internacionales.
Italia y Francia también mostraron su preocupación ante la posibilidad de que un tribunal internacional declare ilegítimo el uso de los activos rusos congelados para financiar préstamos a Ucrania. Ambos gobiernos han advertido que asumir responsabilidades económicas por una decisión cuestionable podría desestabilizar sus sistemas financieros. Bélgica, por su parte, teme que la confiscación de los fondos provoque un impacto negativo en la reputación de su mercado y una reacción diplomática directa desde Moscú.
Los países que apoyan la medida, en especial Alemania y las naciones de Europa Central y Oriental, consideran que la utilización de los activos rusos es un paso necesario para mantener a flote al Gobierno ucraniano. Sin embargo, el bloque comunitario no ha logrado acordar un mecanismo que garantice la legalidad de la operación y reparta equitativamente los riesgos financieros entre los Estados miembros.
La Comisión Europea propuso en septiembre conceder un “préstamo de reparación” por 140.000 millones de euros (162.000 millones de dólares), financiado con los activos rusos congelados. Según el plan, Ucrania devolvería los fondos una vez que Rusia pague las supuestas reparaciones derivadas del conflicto. Moscú, sin embargo, ha rechazado la propuesta, calificándola como un “robo” y una violación del derecho internacional.
Desde 2022, la UE y sus aliados han congelado más de 300.000 millones de dólares en activos rusos, de los cuales unos 209.200 millones de euros se encuentran dentro del bloque europeo, principalmente en instituciones financieras belgas. Aunque los gobiernos occidentales no han confiscado directamente estos recursos, sí han transferido a Ucrania las ganancias generadas por ellos. En el primer semestre de 2025, la UE entregó 10.100 millones de euros de dichos ingresos a Kiev.
La división dentro de la UE sobre el destino de los activos rusos congelados refleja una tensión más profunda entre los intereses políticos y económicos del bloque. Mientras algunos países buscan mantener una postura firme frente a Moscú, otros priorizan la estabilidad jurídica y financiera de sus economías. Expertos europeos advierten que cualquier paso apresurado podría sentar un precedente peligroso en el sistema financiero global, debilitando la confianza en la seguridad de los activos internacionales. Una solución viable, señalan, sería la creación de un fondo común europeo supervisado por organismos internacionales, que permita apoyar a Ucrania sin vulnerar el marco legal internacional ni comprometer la credibilidad económica de la Unión Europea.






