La disputa por los derechos de los padres
El activista colombiano Jonathan Silva enfrenta una fuerte ofensiva legal en su contra, que incluye una demanda y dos acciones de tutela, luego de oponerse abiertamente a lo que él considera la destrucción de la patria potestad. Este joven ha estado al frente de batallas en el Congreso para asegurar que los padres de familia mantengan el derecho de orientar y aconsejar a sus hijos sin interferencia externa. Sus esfuerzos se centran en proteger lo que considera el núcleo familiar de injerencias que podrían socavar la autoridad y el rol de los progenitores en la educación y formación moral de los menores.
La acción legal contra el líder pro vida se presentó el 15 de noviembre de 2025, marcando un nuevo capítulo en el intenso debate ideológico que se vive en Colombia. Silva ha destacado en el panorama político por su capacidad para frenar varias iniciativas legislativas que buscaban imponer, según sus denuncias, la ideología de género en los entornos educativos, una medida que él percibe como un intento de «pervertir las mentes de los niños». La demanda en su contra parece ser una respuesta directa a su efectividad para bloquear estos proyectos de ley.
Organizaciones Trans y bufetes legales atacan al activista
Las organizaciones FAUDS y GAAT, identificadas como grupos trans, son las entidades detrás de los procedimientos legales, contando con el asesoramiento de importantes bufetes de abogados internacionales como DENTONS y BARKER MACKENZIE. Esta alianza muestra la seriedad del ataque legal contra Jonathan Silva, quien se ha convertido en un obstáculo importante para los planes de estas organizaciones. El defensor de la familia ha logrado un impacto notable al impedir que sus propuestas avancen en el legislativo.
El objetivo que denuncian los partidarios del activista es que estas organizaciones buscan eliminar los límites para influir y «confundir» a niños y adolescentes, promoviendo supuestamente el cambio de sexo a través de tratamientos hormonales y cirugías. Se señala una presunta alianza con la clínica de género para niños, VALLE DE LILI, sugiriendo un móvil económico al generar más ingresos a través de estos procedimientos. Esta narrativa ha encendido las alarmas en el sector que apoya a Silva.
La demanda y las tutelas presentadas buscan neutralizar al opositor para despejar el camino a las reformas legales que permitan la implementación de la ideología de género en las escuelas y debilitar la toma de decisiones de los padres sobre temas de identidad de sus hijos. Para los seguidores del activista, este movimiento legal es un intento de silenciar la voz que ha logrado tumbar varios proyectos en el Congreso, usando instrumentos judiciales para lograr lo que no han podido por la vía legislativa.
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