Quintana Roo enfrenta una grave crisis de acceso a la justicia para niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil, con más de 150 casos que permanecen sin resolución. Colectivos feministas del estado denunciaron que la principal causa de esta situación es la falta de personal especializado en peritajes infantiles dentro de las instituciones encargadas de investigar y juzgar estos delitos.
La impunidad en los casos de abuso sexual infantil no solo deja sin castigo a los agresores, sino que también profundiza el daño emocional y psicológico de las víctimas. Activistas advirtieron que el sistema de justicia no está preparado para atender de manera adecuada a menores de edad, lo que genera desconfianza en las familias y desalienta la denuncia.
Impunidad casi total en denuncias por abuso sexual infantil
Ariadna Song Anguas, integrante del Colectivo Xtabay y vocera de diversas organizaciones feministas, señaló que solo el 0.10 por ciento de las denuncias por abuso sexual infantil en Quintana Roo logra ser vinculado a proceso. Esta cifra, basada en registros de los propios colectivos, evidencia una falla estructural en la procuración y administración de justicia.
La activista explicó que esta situación refleja la falta de voluntad institucional y de capacidades técnicas para investigar delitos donde las víctimas son menores de edad. En muchos casos, los expedientes se estancan por meses o años, sin que exista una resolución clara para las familias afectadas.
Durante una conferencia de prensa del Frente Feminista Quintana Roo, se expuso un caso emblemático que ilustra la gravedad del problema. Se trata de un niño de tres años presuntamente víctima de abuso sexual infantil por parte de su padre, identificado como Carlos Anastasio “N”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Falta de especialistas agrava casos de abuso sexual infantil
Los hechos ocurrieron en abril del año pasado en Playa del Carmen. Ante este caso, los colectivos anunciaron una manifestación para exigir que se niegue el amparo promovido por el imputado ante el Juzgado Cuarto Federal, al considerar que su concesión representaría un retroceso en la protección de los derechos de la infancia.
Song Anguas denunció además omisiones graves por parte del Poder Judicial de Quintana Roo. Aseguró que un juez rechazó la vinculación a proceso pese a que se presentaron datos de prueba, valoraciones especializadas y las manifestaciones del menor, sin aplicar una perspectiva de infancia, indispensable en casos de abuso sexual infantil.
Los colectivos subrayaron que este tipo de delitos suelen ocurrir en entornos de confianza y sin testigos, por lo que requieren evaluaciones altamente especializadas. Sin embargo, la falta de personal capacitado frena los procesos judiciales y debilita los casos desde la etapa de investigación.
Ariadna Song explicó que niñas y niños menores de siete años no pueden ser evaluados por psicólogos generales. Se requieren especialistas en infancia, psiquiatría infantil y abuso sexual infantil, capaces de interpretar lenguaje simbólico, conductas y cambios emocionales, elementos clave para que los jueces puedan tomar decisiones con base en el interés superior de la niñez.
