La candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México afirma que la actual administración ha optado por una política que protege y promueve a los corruptos.
El gobierno federal ha sido quien intencionadamente debilita a las instituciones encargadas de fiscalizar y prevenir actos corruptos, así como de proteger y beneficiar a sus “allegados” con contratos millonarios sin la debida supervisión, aseguró Mayuli Martínez Simón, candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México.
Aseguró que en el gobierno de Xóchitl Gálvez Ruiz, el país experimentará un renovado y efectivo combate contra la corrupción.
“Es una actitud criminal, porque esa corrupción está matando a mexicanas y mexicanos”, argumentó.
En un estudio reciente del Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado, reportó una disminución en la apertura de carpetas de investigación y sanciones por el delito de corrupción.
“Se carece de una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad”, insistió la candidata.
Con base en el estudio, en 2021, ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas por delitos de corrupción, representando una disminución del 55% en comparación con las 1,942 personas procesadas en el año anterior.
Además se advirtió que uno de los factores que contribuyeron a que la corrupción actualmente sea menos sancionada fue porque hay una menor cantidad de auditorías y fiscalización de los recursos públicos en la Administración Pública Federal, las cuales también registraron una disminución durante el actual gobierno federal.
“O sea, no hay supervisión de cómo se están ejerciendo el gasto y la inversión, y eso se refleja en el dispendio a manos llenas que se da alrededor de las megaobras, como la refinería de Tabasco y el Tren Maya, que han multiplicado varias veces el monto de recursos destinado a ellos, sin que se refleje en la calidad y seguridad de estos proyectos”, indicó.
Además, las sanciones administrativas por faltas graves descendieron drásticamente: entre 2016 y 2020, pues, las destituciones de servidores públicos federales se redujeron 71%, mientras que las inhabilitaciones disminuyeron 68%.
“La administración actual ha optado por una política que “abraza a los delincuentes y promueve y cobija a los corruptos”.
“El combate a la corrupción ha sido solo un discurso de este gobierno, porque en el fondo no le interesa. Al contrario, ha llevado a cabo un proceso de desmantelamiento institucional, como la eliminación de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad y el acoso constante a los organismos encargados de garantizar el acceso a la información pública, como el INAI, así como a las instancias que representan contrapeso”, destacó.
Recordó que la negligencia y corrupción, que se dijo que se combatiría, hoy está peor, más que nunca, “y se refleja en la opacidad de las mega obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el fracasado sistema de salud llamado INSABI, en el que se han despilfarrado recursos a manos llenas beneficiando a contratistas que son amigos de la familia López Beltrán”, indicó.
Mayuli Martínez enfatizó que, en el caso del Tren Maya, se había denunciado que el balasto se utilizaba sin certificar, este material suministrado por amigos cercanos a la familia presidencial.
“Eso es un claro ejemplo de la negligencia y corrupción que han caracterizado al régimen actual”, destacó.
La candidata a senadora dijo que la propuesta de Xóchitl Gálvez contra la corrupción se centra en el fortalecimiento de las instituciones que actualmente se encuentran en riesgo de desaparición debido a políticas gubernamentales.
“Xóchitl ofrece una era de transparencia y rendición de cuentas, comenzando con una revisión exhaustiva de casos notorios que ponen en evidencia los riesgos a los que se expone la población por decisiones corruptas y mal planificadas”, enfatizó.
Martínez Simón aseguró que el compromiso de Xóchitl Gálvez con el combate a la corrupción no solo es un discurso, sino un plan de acción claro para restablecer la confianza en las instituciones públicas y asegurar que los recursos del país se utilicen en beneficio de todos los mexicanos.
