
Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026.- Una semana antes del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas, él y su compañero José Vásquez recibieron advertencias sobre amenazas de muerte. Vásquez, quien acompañaba a Pérez en la defensa de familias desplazadas en Chenalhó y Pantelhó, declaró que ambos fueron vigilados por espías y alertados sobre el riesgo que enfrentaban.
Reynaldo Pérez acudió en varias ocasiones a la Fiscalía para denunciar las amenazas que recibía antes de ser asesinado el 28 de octubre en Yabteclum, Chenalhó. A pesar de contar con medidas de protección federal, como un teléfono satelital y un botón de pánico, estas no evitaron el crimen.
José Vásquez mantiene abiertas dos denuncias por amenazas ante la Fiscalía y las reactivó tras rendir declaración el 29 de octubre. Explicó que las amenazas se relacionan con su trabajo en la defensa de los derechos de las familias desplazadas, un contexto marcado por la violencia y la inseguridad en la región.
Contexto de violencia y denuncias previas
El riesgo para ambos defensores estaba documentado desde 2025, cuando cuatro relatores de la ONU enviaron una comunicación al gobierno mexicano expresando preocupación por las amenazas y ataques armados que enfrentaban. Señalaron que las investigaciones eran insuficientes y que las medidas de protección no garantizaban su seguridad.
Reynaldo Pérez es el tercer defensor indígena asesinado en la crisis armada que afecta a Pantelhó desde 2021. En esta zona, los conflictos armados han provocado desplazamientos masivos y violencia contra la población civil, situación que Pérez y Vásquez denunciaban públicamente.
Reacciones y demandas de justicia
Tras el asesinato, Vásquez hizo un llamado a las autoridades para que investiguen con diligencia y eviten que la violencia continúe. Durante el sepelio, se reportó que existen amenazas contra Vásquez, con una recompensa de cuatro millones de pesos por su vida.
De manera extraoficial se informó sobre detenciones relacionadas con el caso, pero la Fiscalía General del Estado no ha confirmado estos datos. La situación en Chenalhó sigue siendo crítica, con familias desplazadas y un ambiente de miedo generalizado.
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