Ciudad de México, 1 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dirigida por Aureliano Hernández Palacios, presentó ante la Cámara de Diputados los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025. En este informe se detectaron presuntos esquemas de triangulación y simulación de operaciones en el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda.
El 16 de octubre de 2026, la ASF interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta triangulación de recursos públicos. La investigación señala cuatro operaciones principales desde la administración estatal hacia diversas empresas, entre constructoras, comercializadoras, de servicios y equipamiento, que suman aproximadamente 7,200 millones de pesos.
Una parte significativa de estos recursos habría terminado en un despacho jurídico vinculado al gobernador Samuel García y a su padre. Este despacho, identificado en investigaciones periodísticas como Firma Jurídica y Fiscal, habría recibido entre 728 y 928 millones de pesos a través de varias rutas financieras complejas.
Detalles de las operaciones detectadas
El auditor Hernández Palacios explicó que se identificaron patrones para la transferencia de recursos públicos mediante pagos a proveedores. Estos pagos terminarían en cuentas bancarias relacionadas con familiares de servidores públicos. Entre las rutas detectadas destacan transferencias desde constructoras y comercializadoras hacia empresas intermediarias y finalmente al despacho jurídico vinculado a la familia García.
La ASF no reveló los nombres específicos de las empresas involucradas, argumentando la protección del debido proceso. Sin embargo, los montos y patrones coinciden con investigaciones previas sobre contratos públicos en Nuevo León, incluyendo obras del Metro de Monterrey adjudicadas en 2022.
Estado actual y próximos pasos
La denuncia permanece en manos de la FGR para su investigación. Hasta el momento no hay resoluciones judiciales ni condenas relacionadas con este caso. Por su parte, el gobernador Samuel García y su administración no han emitido respuestas detalladas sobre estas acusaciones.
El titular de la ASF destacó que en sus primeros seis meses presentó alrededor de 40 denuncias penales, siendo esta una de las más relevantes por el monto y la complejidad de las operaciones detectadas.
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