
Ciudad de México, 20 de mayo de 2026.- México registró en 2025 su mayor avance en materia de paz en más de una década, según el Índice de Paz México 2026 presentado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Este informe destaca una mejora general del 5.1% en el nivel de paz, la más alta desde que se tiene registro.
El reporte señala una reducción del 22.7% en homicidios dolosos, lo que equivale a casi 7,000 casos menos en comparación con el año anterior. Además, 22 de las 32 entidades federativas mostraron avances en seguridad, mientras que 10 reportaron un deterioro.

Datos clave del Índice de Paz México 2026
Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, mientras que Colima continúa siendo la entidad con mayores índices de violencia. También se registraron mejoras en delitos relacionados con armas de fuego y en algunos indicadores de delincuencia organizada.
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La estrategia de seguridad basada en inteligencia, coordinación entre fuerzas y la Guardia Nacional ha sido señalada como un factor clave para estos resultados. Sin embargo, el informe advierte que persisten retos importantes, como el aumento de desapariciones y la violencia familiar, que se ha convertido en el delito violento más común.
Retos y desafíos actuales en seguridad
En 2025, las desapariciones aumentaron un 10.5%, alcanzando más de 133,500 personas no localizadas. Este fenómeno ha generado protestas constantes de familiares y organizaciones civiles, especialmente en estados con altos índices de violencia. Asimismo, la extorsión ha crecido un 61.2% en la última década, afectando a comerciantes, transportistas y familias.
El impacto económico de la violencia sigue siendo alto, estimado en alrededor del 11% del Producto Interno Bruto. Además, se registran denuncias frecuentes sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales y la existencia de un narcogobierno en varias regiones.
Las protestas sociales contra la violencia y la gestión gubernamental continúan, con movilizaciones de jóvenes, maestros, médicos y comerciantes afectados por la inseguridad y la extorsión.
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