Guatemala, 27 de octubre de 2026.- El gobierno de Guatemala destituyó al jefe de la policía nacional, David Custodio, y a su número dos, Esvin Quiché, tras el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en la capital.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que la remoción forma parte de un proceso de evaluación y reestructuración institucional para fortalecer a la policía. La decisión se tomó luego de cuestionamientos públicos sobre la actuación y posibles vínculos del exdirector policial con el crimen organizado.
Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, fue atacado frente a su hijo en una cancha de fútbol. Durante su labor, denunció nexos entre políticos y pandilleros, y acusó directamente a David Custodio de estar coludido con la pandilla Barrio 18, la más poderosa del país.
En un pódcast emitido en agosto, Solórzano afirmó que Custodio facilitó y promovió la fuga de 20 líderes de esa pandilla de una cárcel de alta seguridad. Estas denuncias generaron críticas hacia la cúpula policial, especialmente tras la detención y liberación de dos personas vinculadas al caso, quienes fueron liberadas por falta de mérito.
Procesos legales y cuestionamientos a la policía
Siete policías están siendo procesados por detención ilegal, acusados de sembrar un arma a los detenidos relacionados con el asesinato del exfiscal. Además, el diputado David Illescas, exmiembro del partido gobernante Semilla, expresó su desconfianza hacia la actual dirección policial.
El crimen de Solórzano Foppa ha conmocionado a Guatemala en un contexto de aumento de la violencia y tensiones políticas previas a las elecciones generales de 2027. Las autoridades continúan investigando el caso mientras implementan cambios en la estructura policial para mejorar la seguridad.
Impacto y seguimiento en Guatemala
La destitución del jefe policial es un paso relevante en la respuesta institucional al asesinato del exfiscal y a las denuncias de corrupción dentro de la policía. El gobierno busca recuperar la confianza ciudadana y avanzar en la lucha contra el crimen organizado.
El seguimiento de este caso será clave para evaluar la efectividad de las reformas anunciadas y la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad en el país.
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