
Nueva York, 15 de octubre de 2026.- El exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos de conspiración para cometer torturas y narcoterrorismo que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos.
Durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York, ambos rechazaron las acusaciones presentadas la semana pasada. Maduro afirmó a través de un intérprete que niega “todas las falsas acusaciones y alegaciones” en su contra.
El juez fijó para el 17 de diciembre la vista oral relacionada con los cargos de tráfico de drogas que también enfrentan. La acusación actualizada amplió los cargos contra Flores, incluyendo la conspiración para cometer narcoterrorismo, que antes solo se imputaba a Maduro.
Según la Fiscalía, Maduro supervisó un sistema de tortura violento que incluía golpes, asfixia y descargas eléctricas a sus víctimas. Además, se le acusa de recomendar métodos de tortura y de amenazas psicológicas contra familiares de prisioneros.
Por su parte, Flores, exfiscal general, habría colaborado en el desarrollo del sistema represivo y ordenado torturas específicas, según la acusación. Ella también se declaró inocente durante la audiencia.
Nicolás Maduro tortura: contexto y proceso judicial
Maduro ha sido investigado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión política en Venezuela. Sin embargo, siempre ha negado cualquier irregularidad.
El juez Hellerstein aceptó cambiar la fecha del juicio de drogas del 1 al 14 de junio de 2027, conforme a la solicitud de ambas partes. El procesamiento de funcionarios extranjeros por tortura en Estados Unidos es poco común y se basa en el derecho internacional que permite juzgar estos delitos fuera del país donde ocurrieron.
Implicaciones legales y próximas etapas
El caso contra Maduro y Flores se suma a las investigaciones por narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos. Sus abogados argumentan inmunidad por sus cargos oficiales durante el tiempo de los hechos. El proceso judicial continuará con la vista oral en diciembre y el juicio programado para 2027.
De esta forma, la justicia estadounidense avanza en un caso complejo que involucra acusaciones graves contra exfuncionarios venezolanos, con posibles repercusiones internacionales.
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