
El escenario político en el norte del país alcanzó un nuevo punto de tensión tras las movilizaciones ciudadanas registradas el pasado fin de semana. La dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional anunció que formalizará una serie de recursos legales ante las instancias correspondientes como consecuencia de los hechos ocurridos en la entidad. De acuerdo con las declaraciones de sus liderazgos, existen elementos suficientes para señalar que las autoridades locales incurrieron en faltas graves que no pueden ser ignoradas por la justicia federal.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, fue la encargada de fijar la postura oficial del partido, asegurando de forma enérgica que se cometieron muchos delitos durante los acontecimientos recientes. La dirigente partidista manifestó que la organización civil y política no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran un atropello directo a los derechos de los ciudadanos de la región. Con esta determinación, el conflicto entre el partido guinda y la administración estatal se traslada de manera definitiva a los tribunales.
Las acciones legales frente a la movilización social en el estado de Chihuahua
“No les vamos a dejar pasar ninguna, es un agravio a la población, nosotros resistimos”, declaró de manera contundente la presidenta del partido ante los representantes de los medios de comunicación. Ariadna Montiel precisó que las acciones legales contemplan tanto la vía penal como la política en contra de quienes resulten responsables de los atropellos denunciados. Como parte de esta ofensiva jurídica, el partido ha iniciado una intensa campaña para la recolección de firmas entre la ciudadanía chihuahuense, con el objetivo de promover un juicio político.

Esta estrategia busca llevar a cabo el desafuero de la gobernadora constitucional de la entidad, María Eugenia “Maru” Campos Galván, al considerar que su actuación representa un ataque directo a la soberanía nacional. Los representantes de la cuarta transformación han reiterado que este caso se ha convertido en una prioridad dentro de su agenda de defensa legal y que de ninguna manera quedará en la impunidad. La recopilación de rúbricas se mantendrá activa en distintos municipios del estado durante las próximas semanas para robustecer el expediente.
Postura de la oposición ante la concentración ciudadana en territorio chihuahuense
Por su parte, el Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos y los liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) salieron en defensa de su gestión y rechazaron categóricamente cualquier violación a las leyes. Los voceros de la administración panista argumentaron que el operativo cuestionado fue completamente exitoso y se ejecutó en el marco del combate frontal contra el narcotráfico. Según las cifras oficiales del estado, la intervención policial dio como resultado el decomiso histórico de grandes cantidades de fentanilo y precursores químicos, debilitando a las células delictivas.
Asimismo, los representantes de Acción Nacional acusaron directamente a la dirigencia de Morena de politizar un tema de seguridad pública con objetivos meramente electorales. Para el bloque opositor, la utilización de la marcha de protesta en Chihuahua es una herramienta de propaganda diseñada para posicionar al partido oficialista frente a los comicios que se celebrarán en el futuro. La defensa de la soberanía, según el PAN, no debe ser utilizada como bandera partidista para desacreditar las labores de inteligencia y los golpes financieros asestados al crimen organizado.
















