Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) informó que durante 2025, en México, 7 mil 887 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. Esto representa un promedio diario de 22 menores que dieron a luz, un fenómeno que el organismo calificó como una emergencia nacional.
Entre 2018 y 2025, los nacimientos en este grupo disminuyeron 24.9%, pero Sipinna advirtió que estas cifras reflejan casos de fecundidad forzada, producto de violencia sexual que vulnera los derechos de las niñas. En un manifiesto respaldado por sistemas estatales, el organismo enfatizó que no existen “niñas madres”, sino niñas víctimas de agresiones que no recibieron protección oportuna.
Para enfrentar esta problemática, Sipinna lanzó la campaña “Niñas Sí, Madres No”, que busca garantizar una vida libre de violencia para las infancias. La estrategia involucra a sectores como salud, educación, familias, gobiernos y poderes judiciales para proteger los derechos de las niñas y mujeres.
Violencia sexual y embarazo infantil en México
El organismo subrayó que no existe consentimiento posible en estos casos y definió el embarazo en niñas menores de 15 años como resultado de violación sexual, una violencia estructural grave. En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, Sipinna realizará visitas a municipios donde estas prácticas persisten debido a concepciones patriarcales y la impunidad hacia agresores.
En 2024, el 53.8% de las niñas embarazadas vivía en zonas urbanas y casi la mitad solo contaba con educación primaria. La tasa de fecundidad forzada varía entre 0.66 y 3.19 por cada mil niñas según el estado, evidenciando que la desigualdad también afecta sus derechos.
Acciones para erradicar el embarazo forzado en niñas
Sipinna hizo un llamado a rechazar toda forma de violencia sexual contra menores y recordó que el embarazo en niñas menores de 14 años es un delito cometido por agresores. Insistió en que la maternidad no debe ocultar el delito ni eximir al Estado de investigar y sancionar a los responsables.
El organismo propuso reforzar la cultura de derechos con acciones que desnormalicen la violencia, reconozcan y atiendan agresiones tempranas, y fortalezcan proyectos de vida para niñas y adolescentes. Estas medidas buscan erradicar el problema y no solo prevenirlo.
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