Ciudad de México, 27 de septiembre de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Luis “N” por su presunta participación en el delito de extorsión agravada continuada contra el propietario de un negocio de mudanzas y su padre, en la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Detalles del caso y hechos denunciados
Según la investigación, los hechos comenzaron en febrero de 2025 cuando la víctima recibió una llamada de un número desconocido. En ella, un hombre exigió dinero por concepto de “derecho de piso” y amenazó de muerte al propietario del negocio. En marzo, Luis “N” acudió al establecimiento acompañado de dos mujeres y exigió un pago de 50 mil pesos, cantidad que no fue entregada.
Posteriormente, el 11 de octubre de 2025, el imputado regresó al negocio con un grupo de cinco personas armadas. Según la Fiscalía, este grupo amenazó, golpeó y apedreó al propietario y a su familia para exigir 300 mil pesos a él y otros 300 mil pesos a su padre. Locatarios de la zona intervinieron para auxiliar a las víctimas. Durante la confrontación, el padre del propietario fue atropellado por Luis “N” al intentar impedir la salida del grupo.
Proceso legal y medidas de protección
Tras estos hechos, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía CDMX, que otorgó medidas de protección a las víctimas, las cuales permanecen vigentes. En julio de 2026, el padre del propietario amplió su declaración luego de que Luis “N” lo amenazara nuevamente mientras circulaba en una motocicleta sin placas frente al negocio.
Con base en las declaraciones, entrevistas a testigos y diligencias realizadas por la Policía de Investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Luis “N”, ejecutada el 21 de septiembre en Tlalpan. El juez impuso prisión preventiva al imputado y fijó un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.
La Fiscalía informó que continuará las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas, además de mantener las medidas de protección para salvaguardar la integridad de las víctimas durante el proceso penal.
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