Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que prepara una reforma en materia anticorrupción que se enfocará en sanciones administrativas y en la reducción de los plazos para emitir resoluciones en casos de corrupción.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la iniciativa no involucra a la Fiscalía General de la República, sino que se centra en el ámbito administrativo. Destacó que actualmente los procesos pueden tardar hasta 15 o 20 años en resolverse, lo que limita la efectividad para sancionar actos corruptos.
La reforma también contempla mecanismos para el resarcimiento del daño al erario público, con propuestas que serán presentadas en aproximadamente quince días, según detalló la mandataria.
Por su parte, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reconoció que existen vacíos legales que impiden la vigilancia presupuestal en algunas dependencias, como el Infonavit, que por su naturaleza tripartita no está sujeto a supervisión pública.
Buenrostro afirmó que la iniciativa busca eliminar estos vacíos para que todas las dependencias tengan competencia para supervisar el manejo de recursos públicos. Además, señaló que se están acortando los plazos para evitar que los delitos prescriban o que los expedientes sean archivados sin resolución.
Reducción de plazos y sanciones administrativas en la reforma anticorrupción
La propuesta legislativa pretende acelerar la resolución de denuncias de corrupción y garantizar que las autoridades competentes puedan actuar con rapidez y eficacia. Esto incluye evitar que los casos queden en la impunidad por demoras excesivas o falta de supervisión.
Con estas medidas, se busca fortalecer el combate a la corrupción en el sector público y asegurar la reparación del daño económico causado al erario.
Vacíos legales y supervisión en dependencias públicas
La iniciativa también aborda la falta de vigilancia en organismos que no están plenamente regulados, como el Infonavit. La intención es que no existan espacios sin control y que todas las entidades públicas estén sujetas a supervisión para evitar irregularidades.
Con esta reforma, el gobierno federal pretende cerrar lagunas legales y garantizar que los procesos administrativos sean más ágiles y efectivos en la lucha anticorrupción.
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