Ciudad de México, 18 de septiembre de 2026.- El cantautor Christian Nodal negó categóricamente ser deudor alimentario y rechazó el nombre de la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que avanza en el Congreso de Michoacán para proteger a menores en casos de incumplimiento parental.
En un comunicado fechado el 17 de septiembre, el equipo del cantante aclaró que no existe amparo alguno promovido por Nodal contra la ley, sino que la oposición se centra exclusivamente en la denominación mediática que se le ha dado a la iniciativa. Aseguraron que el amparo vigente combate la difusión de una historia falsa sobre la hija de Nodal, Inti, y no la reforma en sí.
La “Ley Cazzu” busca facilitar trámites como permisos de viaje para menores cuando uno de los padres incumple con sus obligaciones de manutención o convivencia. La propuesta fue presentada en marzo de 2026 por la diputada Sandra Arreola Ruiz en Michoacán y contempla modificaciones al artículo 4º constitucional para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Contexto y controversia sobre la Ley Cazzu
El nombre de la iniciativa está vinculado al caso público de la cantante argentina Cazzu y su hija Inti, fruto de su relación con Nodal. Tras su separación en 2024, surgieron diferencias públicas sobre la convivencia y movilidad de la menor, lo que generó debate sobre los mecanismos legales para proteger a los menores en situaciones similares.
El equipo de Nodal enfatizó que el cantante no ha negado permisos para que su hija viaje ni para que su madre pueda trabajar. Además, advirtieron que la difusión de información falsa expone y revictimiza a la menor, quien merece crecer sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática.
Rechazo al nombre y siguiente paso legislativo
El amparo presentado no impugna el contenido normativo de la iniciativa, sino la denominación “Ley Cazzu”, que consideran estigmatiza a la familia. Por ello, piden que la propuesta continúe su trámite bajo un nombre neutral que no vulnere derechos fundamentales.
Actualmente, la reforma continúa su proceso en el Congreso de la Unión para convertirse en ley federal. La iniciativa busca agilizar autorizaciones judiciales para la movilidad de menores cuando uno de los padres incumple sus responsabilidades, siempre priorizando el interés superior de la niñez.
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