
Internacional, 16 de septiembre de 2026.- La administración de Donald Trump emitió un memorando que restringe el reporte directo de posibles casos de trata infantil en Estados Unidos. Esta medida afecta a más de mil menores migrantes bajo custodia federal, quienes ahora deberán pasar sus denuncias primero por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, encargada de supervisar su alojamiento.
El cambio, fechado el 10 de septiembre, implica que los cuidadores y empleados federales ya no reportarán directamente a la Oficina de Trata de Personas las sospechas de trata laboral o sexual. En su lugar, la Oficina de Reasentamiento evaluará las denuncias y decidirá cuáles remitir para una revisión adicional. Según el memorando, esta modificación busca agilizar la notificación y reducir reportes que no cumplen con el umbral legal de trata.
Sin embargo, expertos y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto negativo en los menores. Jean Bruggeman, codirectora ejecutiva de Freedom Network USA, advirtió que esta medida podría aumentar la deportación de niños sin que reciban los servicios necesarios para su protección y recuperación.
El senador demócrata Ron Wyden criticó la política, señalando que obliga a los niños y sus defensores a reportar a la misma agencia que los mantiene bajo custodia, lo que podría obstaculizar la protección efectiva contra la trata.
Impacto en menores migrantes bajo custodia federal
Actualmente, alrededor de 1,800 niños no acompañados o detenidos con familiares bajo custodia federal están sujetos a esta nueva directiva. Antes, una evaluación inicial debía realizarse en los primeros cinco días tras su ingreso a un refugio, y las sospechas se reportaban en 24 horas a la Oficina de Trata, que certificaba casos para otorgar beneficios como libertad condicional, acceso a escuelas y solicitudes de asilo o visas.
Con la nueva política, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados asume la responsabilidad de filtrar las denuncias, aunque carece de la especialización para evaluar casos de trata con la precisión requerida. Jen Smyers, exsubdirectora de esta oficina, señaló que esta capa adicional podría retrasar o ignorar denuncias legítimas, afectando la protección de los menores.
Revisión y críticas a la nueva política
La Oficina de Reasentamiento justificó el cambio con base en una revisión que encontró que el 95% de más de nueve mil reportes no cumplían con los criterios legales de trata, sino que se trataba de abuso o negligencia. Sin embargo, el 58% de los reportes sí calificaba para beneficios relacionados con la trata, lo que genera dudas sobre la efectividad del nuevo proceso.
Este ajuste forma parte de una serie de políticas migratorias de la administración Trump que han dificultado el acceso de menores no acompañados a estatus legal y protección. La preocupación central es que estas medidas priorizan la deportación sobre la protección efectiva de niños vulnerables.
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